En su intervención en el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (Cilac 2024), celebrado en Santa Andrés el 3 de diciembre, el presidente Gustavo Petro denunció un presunto complot en su contra que tiene como objetivo evitar que culmine su periodo presidencial, que finaliza en 2026. Petro aseguró que, en lugar de unirse al diálogo nacional propuesto por su gobierno, hay sectores de la “oligarquía colombiana” que buscan su salida mediante maniobras jurídicas en el CNE, con el presunto respaldo de Germán Vargas Lleras.
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Según el presidente, Vargas Lleras estaría orquestando una estrategia ilegal para desafiar la voluntad popular expresada en las elecciones de 2022, en las que Petro fue elegido para su mandato. “Dialogar es fundamental, pero lo que quieren es tumbar al presidente, Vargas Lleras, en el Consejo Nacional Electoral”, manifestó Petro, añadiendo que este plan va en contra de la Constitución y del principio democrático en Colombia.
Este no es el primer señalamiento de Petro contra Vargas Lleras. El mandatario ya había implicado al exvicepresidente en un supuesto conflicto relacionado con un centro de arbitraje legal en la Cámara de Comercio, donde, según Petro, Vargas Lleras y su familia estarían manipulando la justicia y beneficiándose económicamente.
Petro destacó que existe un objetivo para debilitar su administración
Petro también destacó que esta maniobra tiene como objetivo debilitar su administración, ya que, según él, su gobierno no respalda los intereses de los sectores económicos poderosos. Por otro lado, señaló que la privatización de la justicia y la politización del CNE forman parte de este “golpe de Estado” encubierto que busca terminar anticipadamente su mandato.
En respuesta a estas acusaciones, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras rechazó las críticas y recordó que fue el autor de la Ley de Arbitraje (Ley 1563 de 2012) cuando ocupaba el cargo de ministro de Justicia, y que su designación como árbitro fue fruto de un sorteo. Además, en redes sociales, Vargas Lleras cuestionó las propuestas del presidente Petro, sugiriendo que sus intentos de politizar la justicia podrían llevar al país hacia un sistema similar al de México.
Por su parte, el Consejo de Estado emitió un concepto que reafirma la competencia del CNE para investigar la campaña de Petro, aunque aclaró que no tiene facultades para destituirlo del cargo, ya que esa prerrogativa corresponde al Congreso de la República. A pesar de esta aclaración, Petro ha descalificado dicha interpretación, intensificando la polarización política en Colombia.
