En un escenario económico marcado por incertidumbres, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que el presupuesto para el 2025 es de $523 billones. Este presupuesto, de carácter monumental, está destinado a financiar los proyectos y necesidades del país, pero enfrenta una significativa barrera: 12 billones de pesos aún no están asegurados. Este déficit de financiación plantea serios retos para la gestión pública en los próximos meses.
En ese sentido, Bonilla explicó que si para el 2 de enero del próximo año no se ha alcanzado un acuerdo en el Congreso sobre el Proyecto de Ley de Financiamiento, se hará un desglose claro de qué parte del presupuesto está realmente financiada y cuál deberá ser aplazada. Es decir, el Gobierno tendrá que recalcular qué recursos están disponibles para ejecutar el presupuesto y cuáles quedarán pendientes hasta obtener el financiamiento necesario.
Para el Ejecutivo, esta situación no es desconocida. En julio, el Gobierno radicó un presupuesto completo, con la esperanza de que el Congreso aprobara las reformas fiscales necesarias para garantizar el financiamiento. Sin embargo, la falta de consenso político en el Legislativo ha impedido que la iniciativa avance como se esperaba. Esto deja al Gobierno con pocas opciones: el presupuesto deberá ser ejecutado vía decreto presidencial, mientras que las reformas fiscales se presentarán por separado como un proyecto nuevo.
Le puede interesar: Cali asegura un futuro con la aprobación de 5,9 billones de pesos de presupuesto
Finalmente, el hecho de que el Congreso no haya aprobado el presupuesto en sus términos ha generado preocupación en varios sectores. El aplazamiento de ciertos fondos será inevitable, lo que podría afectar diversas áreas de la administración pública. Entre ellas, áreas clave como la educación, salud y seguridad social, podrían experimentar recortes temporales hasta que se logren los acuerdos necesarios para asegurar el financiamiento.
