El abogado Alejandro Carranza, quien recientemente asumió la defensa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, denunció haber recibido serias amenazas en vísperas de una audiencia clave en Barranquilla. Estas intimidaciones llegaron mediante llamadas telefónicas dirigidas tanto a él como a su esposa, también abogada, generando alarma por la gravedad de los mensajes y la posible conexión con casos de alto impacto que ambos lideran.
Carranza relató que durante la llamada, un hombre lo identificó por su nombre y le advirtió que debía abandonar el país antes del lunes. Entre insultos y amenazas, el desconocido lo declaró “objetivo” por haberse involucrado en procesos relacionados con “Los Llaneros”. Aunque el abogado no tiene claridad sobre el origen de estas intimidaciones, no descarta que puedan estar vinculadas con su rol como defensor de Nicolás Petro o con otros casos judiciales sensibles que lleva, como disputas de tierras en Villavicencio.
En su denuncia, Carranza expresó incertidumbre sobre los posibles responsables. “No sé si las amenazas provienen de sectores contrarios al Gobierno, considerando que Nicolás ha sido víctima de ataques similares, o si están relacionadas con los procesos de tierras en Villavicencio”, señaló. Esta dualidad refleja la complejidad del panorama judicial que enfrenta, sumando presión a un contexto ya tenso.
No obstante, este episodio se suma a un historial de amenazas que también afecta al propio Nicolás Petro y su familia. Según informes revelados por fuentes cercanas al caso, las intimidaciones incluyen mensajes dirigidos a su esposa, Laura Ojeda, y a su hijo de apenas un año, describiendo con crudeza deseos de daño hacia ellos. Estas situaciones han motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, que ha delegado al CTI la tarea de verificar el nivel de riesgo y determinar la autoría de las amenazas.
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Mientras tanto, la inminencia de la audiencia y el clima de intimidación que rodea a este proceso generan inquietud sobre la capacidad del sistema para proteger a quienes se involucran en casos de alto perfil
