El Gobierno de Gustavo Petro continúa impulsando su plan de reformar la seguridad en los estadios de fútbol de Colombia. A través de una propuesta que busca retirar gradualmente la Policía Nacional de los escenarios deportivos y delegar la responsabilidad de seguridad a empresas privadas, el Ejecutivo busca liberar a la fuerza pública para que se concentre en otras tareas de seguridad ciudadana. Esta iniciativa, sin embargo, ha causado alarma y rechazo en la Dimayor, la entidad que regula el fútbol profesional colombiano.
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El pasado 13 de diciembre, se celebró una reunión urgente en la Dimayor, con la participación de 20 clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia. En este encuentro, los representantes de los equipos manifestaron su desacuerdo con la propuesta, señalando que las empresas privadas no cuentan con los recursos y la autoridad necesaria para manejar los disturbios que comúnmente ocurren en los estadios, donde la violencia y los desmanes son una problemática persistente.
Prohibición de menores de 14 años a los estadios
Una de las medidas más controvertidas discutidas en la reunión fue la propuesta de prohibir el acceso de menores de 14 años a los estadios. Esta iniciativa, que se alinea con el objetivo de hacer más estricta la seguridad en los recintos deportivos, podría tener un impacto negativo en los esfuerzos por promover el fútbol como un evento familiar. Actualmente, algunos clubes colombianos tienen zonas especiales denominadas “tribunas familiares”, donde los padres pueden asistir con sus hijos a precios más accesibles y con mayor seguridad.
La Dimayor ha manifestado su preocupación por los efectos de estas propuestas, especialmente por el retiro de la Policía de los estadios. Si bien la seguridad privada podría ocuparse de tareas de vigilancia, no tiene las facultades legales para enfrentar situaciones de orden público, como la requisa o la detención de personas. Esto generaría un vacío de poder en momentos críticos, cuando se requiere la intervención de autoridades con la capacidad de tomar medidas contundentes ante disturbios.
Desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional se insiste en que este retiro gradual debe completarse para 2027, argumentando que la Policía debe centrarse en su función de seguridad ciudadana. Sin embargo, los directivos del FPC alertan sobre los riesgos que esta medida podría generar, tanto en términos de seguridad como en la experiencia de los aficionados.
El debate sobre la propuesta del Gobierno Petro continuará en los próximos días, ya que los clubes y las autoridades del fútbol colombiano se preparan para responder a lo que consideran una amenaza a la integridad de los eventos deportivos en el país.
