Los propietarios de una vivienda en Patio Bonito, al sur de Bogotá, viven una angustiante situación luego de que una arrendataria, quien residió en la propiedad por tres años, solicitara préstamos a más de siete grupos “gota a gota” de la zona y luego abandonara la casa sin previo aviso. La mujer, que se fue hace una semana, dejó una deuda millonaria con los prestamistas ilegales, quienes ahora están dirigiendo sus amenazas y agresiones hacia los dueños de la vivienda.
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Los propietarios han encontrado insultos y amenazas en las puertas de su casa, mensajes como “Voy a desarmar esta h… casa”, dejados por los prestamistas que exigen el pago de la deuda. Además, las amenazas han escalado a intimidaciones más directas, incluyendo rayones en los vidrios, daños en la propiedad e insultos hacia los dueños, quienes temen por su seguridad. “Nos han venido amenazando y ya vandalizaron la casa”, relató una de las afectadas, quien asegura que los prestamistas consideran que los propietarios saben el paradero de la arrendataria.
Dueños en red de intimidación por los prestamos ilegales
Este caso es la muestra del peligroso auge de los préstamos ilegales en Colombia, conocidos como “gota a gota”, que cobran tasas de interés exorbitantes y recurren a la violencia para recuperar el dinero. Aunque el problema se originó con la mujer que solicitó los préstamos, los dueños de la casa se han visto atrapados en una red de intimidación, algo que está ocurriendo con más frecuencia en el país.
Para prevenir situaciones como esta, el Gobierno Nacional y algunas entidades bancarias han ofrecido alternativas legales y más accesibles para quienes no pueden obtener créditos por su situación financiera. Programas como “Creo” ofrecen auxilios económicos a pequeños emprendedores y personas de bajos ingresos, con condiciones más favorables que las de los prestamistas ilegales. Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá ha dispuesto medidas adicionales para reducir la dependencia de las personas hacia el “gota a gota”, buscando evitar que más ciudadanos se vean involucrados en estos riesgos financieros y personales.
