Recientemente, el Ministerio de Hacienda ha estado en el centro de una controversia debido a un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que resultó en la salida de varios funcionarios de alto rango, incluido el exministro Ricardo Bonilla. Sin embargo, este no es el único problema que persigue a la cartera, que ahora enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntas irregularidades en los contratos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Este fondo, administrado por el Ministerio de Hacienda, ha sido objeto de análisis tras una serie de audios y documentos filtrados a EL COLOMBIANO.
En abril de 2023, el Ministerio de Hacienda asumió el control total del Fonpet, tras la finalización de los contratos de los cinco consorcios encargados de administrar el portafolio. Este control se mantuvo hasta diciembre del mismo año. Sin embargo, un nuevo contrato en julio otorgó a un consorcio llamado Prag la administración del portafolio, aunque con una capacidad económica limitada. A pesar de este contrato, el Tesoro Nacional conservó el 74,91% de la administración, mientras que el 25,99% quedó en manos de Prag.
El valor del portafolio a diciembre de 2023 ascendía a 59,8 billones de pesos, pero según una auditoría realizada por Amézquita & Cía, las cifras entregadas por el supervisor funcional del contrato, Ciro Contreras, reflejaban una cantidad menor: 59,77 billones de pesos, es decir, una diferencia de 23.000 millones de pesos. Este desfase en las cifras ha generado alarma, ya que no existe registro contable de estos recursos, lo que ha afectado los rendimientos del portafolio.
Confusión y silencio en las reuniones del Ministerio
La situación se complicó aún más cuando, en noviembre de 2023, se reveló el desfase durante una reunión entre funcionarios de Hacienda y la firma auditora Amézquita & Cía. En los audios obtenidos por este diario, se puede escuchar cómo la funcionaria Flor Esther Salazar, quien estaba a cargo del proceso, parecía no entender el motivo detrás de la discrepancia en los valores. A pesar de la gravedad de la situación, Salazar no ofreció explicaciones claras sobre el manejo de los 23.000 millones de pesos y expresó su sorpresa por no haber recibido información sobre este desajuste hasta ese momento..
El desfase en las cifras ha tenido consecuencias más allá de la falta de claridad sobre los fondos. Se han registrado aumentos en los pasivos pensionales de los municipios, con incrementos que oscilan entre el 100% y el 150%. Esta situación ha afectado la disponibilidad de los recursos para alcaldes y gobernadores, quienes ahora enfrentan dificultades para acceder al dinero destinado a cubrir las pensiones de las entidades territoriales.
Respuestas de los implicados
El Ministerio de Hacienda ha defendido su postura, asegurando que no se ha encontrado ningún hallazgo en los informes de la auditoría y que toda la información financiera está debidamente auditada. Por su parte, Contreras ha afirmado que no tiene conocimiento de la discrepancia en las cifras, mientras que Salazar, quien aún ocupa su cargo, expresó en la reunión de noviembre de 2023 que no había dado ninguna instrucción sobre el ajuste en los valores.
Por tal motivo, el exfuncionario Ciro Contreras, encargado de coordinar la administración del Fonpet, fue despedido en junio de 2024 después de un conflicto con Salazar. Contreras había trabajado previamente en la firma auditora Amézquita & Cía, lo que ha levantado sospechas sobre su relación con la gestión del fondo. Aunque Contreras defiende su accionar, asegurando que el dinero siempre estuvo bajo custodia del Tesoro Nacional o del consorcio Prag, la falta de registros contables sobre los 23.000 millones de pesos sigue siendo un misterio.
Mientras tanto, el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha heredado una cartera marcada por estos escándalos. El caso del Fonpet podría ser solo la punta del iceberg, ya que se siguen descubriendo irregularidades en la administración de los recursos. La situación genera una creciente preocupación sobre la efectividad del control interno en el Ministerio y sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
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Con el aumento de la presión política y las investigaciones en curso, el futuro de la gestión del Fonpet y la estabilidad del Ministerio de Hacienda están en juego.
