El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su preocupación por el reciente aumento del salario mínimo en Colombia, advirtiendo que podría generar un incremento en la informalidad laboral si no se implementan políticas complementarias para apoyar a los empleadores. Según Uribe, el Gobierno debe adoptar medidas que reduzcan los impuestos, flexibilicen las normas laborales y fomenten un entorno favorable para la iniciativa privada.
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En su cuenta de X (antes Twitter), Uribe señaló que garantizar ingresos altos para los trabajadores sin ofrecer condiciones de sostenibilidad a las empresas podría derivar en la pérdida de empleos formales. “De lo contrario, los ingresos formales de los trabajadores se reducen en empleos informales y precarios, en contratos de medio tiempo o de pocos días a la semana, sin dominicales, sin festivos, sin seguridad social”, afirmó.
Uribe también destacó la importancia de que el sector privado tenga un papel central en la determinación de los salarios, sugiriendo que “es mejor un peso de inversión por el empresario o de salario al trabajador que un peso de impuestos al Estado”.
El salario mínimo quedará en $1.623.500
El aumento del salario mínimo, que para 2025 será de $1.623.500, ha generado opiniones divididas en el país. Mientras algunos celebran la mejora en los ingresos de los trabajadores, otros, como el líder del Centro Democrático, temen que el alza no sea sostenible para las empresas, especialmente en un contexto económico desafiante.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, también del partido Centro Democrático, coincidió con Uribe al advertir sobre posibles incrementos en el desempleo, la inflación y los costos de producción. Cabal enfatizó que el ajuste no refleja la realidad económica del país y podría afectar negativamente a la competitividad de las empresas nacionales.
El debate sobre el impacto del aumento del salario mínimo pone en evidencia la necesidad de un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta el desafío de implementar políticas que mitiguen los posibles efectos adversos de esta medida.
