La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha impuesto una millonaria multa de $2.645 millones a Claro Colombia por infringir las normas de protección al consumidor en el sector de telecomunicaciones. La sanción se origina a raíz de diversas denuncias presentadas por usuarios que evidenciaron una serie de conductas irregulares por parte de la compañía.
Según la SIC, las principales infracciones de Claro incluyen: La vulneración del derecho de información de los usuarios, el incumplimiento de promociones ofertadas, cobros por servicios no autorizados y la prestación de servicios de manera irregular, sin cumplir con la calidad pactada. Además, se encontró que la empresa agrupó más de un período de facturación en una misma factura, lo que generó confusión y perjuicios a los usuarios.
La investigación de la Superintendencia se inició tras tres denuncias presentadas por los usuarios, quienes alertaron sobre problemas relacionados con el servicio “Pospago Netflix L Pro MX (GB)”, la activación no autorizada de servicios, y la facturación incorrecta de montos superiores a los informados previamente.
No es la primera multa de Claro, en 2023 también cometió irregularidades
Además, la SIC señaló que la empresa desactivó líneas móviles sin el consentimiento de los usuarios bajo el pretexto de realizar controles de fraude, lo que también fue motivo de sanción. La compañía podrá interponer un recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, así como un recurso de apelación ante la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor.
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Esta no es la primera vez que Claro enfrenta sanciones por prácticas irregulares. En 2023, la SIC multó a la compañía con $730.800.000 por emitir publicidad engañosa, tras detectar información confusa en sus campañas publicitarias que inducían a error a los usuarios. Adicionalmente, la Superintendencia había iniciado investigaciones previas contra Claro y Movistar por presuntamente negar solicitudes de portabilidad numérica a sus usuarios.
En su defensa, Claro ha asegurado que actúa de manera transparente con sus clientes y que toda la información relacionada con los servicios ofertados está disponible en los términos y condiciones correspondientes. No obstante, las sanciones reflejan una creciente preocupación por la protección de los derechos de los consumidores en el sector de telecomunicaciones en Colombia.
