En un esfuerzo por reconocer y mitigar los riesgos asociados con la labor de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio de Justicia, emitió un decreto que incrementa la prima de riesgo al 30 % del salario mensual para el cuerpo de custodia, así como para directores y subdirectores de cárceles.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, señaló que la medida responde al contexto de creciente violencia contra los funcionarios. Con corte a octubre de 2024, 17 guardias han sido asesinados y 375 han recibido amenazas, cifras que reflejan la crítica situación del sistema penitenciario colombiano.
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Entre los casos más graves, destaca el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Élmer Fernández Velasco, en mayo pasado, tras recibir amenazas por implementar medidas de control en los patios. Este crimen, atribuido a la banda criminal ‘La Inmaculada’, puso en evidencia el nivel de riesgo al que están expuestos los funcionarios penitenciarios.
El decreto también establece que la prima de riesgo se mantendrá durante permisos remunerados, licencias y vacaciones. Considerando que el peligro asociado a la labor de los guardias no se limita a su jornada laboral. No obstante, el beneficio no cubre al personal administrativo del Inpec, una decisión que ha generado inquietud entre los sindicatos.
Corrupción y retos pendientes
Además de los riesgos físicos, la corrupción sigue siendo un desafío para el Inpec. Recientemente, siete guardias de La Picota fueron capturados por aceptar sobornos de internos para permitir violaciones a las normas carcelarias. Frente a esta problemática, el Gobierno avanza con la operación Dominó, que busca desarticular las redes criminales dentro del sistema penitenciario.
A pesar de la ampliación de la prima de riesgo, los sindicatos del Inpec insisten en la necesidad de fortalecer los esquemas de seguridad y mejorar las condiciones laborales. Incluyendo un régimen pensional que permita la jubilación tras 20 años de servicio. Este decreto representa un paso adelante, pero los retos del sistema penitenciario colombiano aún requieren atención urgente y soluciones integrales.
