El Departamento de la Función Pública reportó que entre 2023 y 2024, el Gobierno del presidente Gustavo Petro formalizó 15.149 nuevos cargos en entidades públicas del orden nacional, superando por amplio margen las cifras de sus tres predecesores. Durante los mandatos de Iván Duque (2018-2022) se crearon 8.092 empleos; en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018), 7.418; y en su primer periodo (2010-2014), apenas 4.199.
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Según el informe, estas formalizaciones buscan reducir la dependencia de los contratos por prestación de servicios, que no garantizan estabilidad laboral ni beneficios sociales. Entidades como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Hospital Universitario San Juan de Dios y la Superintendencia de Industria y Comercio han sido clave en este proceso, con proyecciones adicionales de 3.014 empleos antes de finalizar el año. Además, ministerios como Hacienda y Minas, junto con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), trabajan en la prórroga de más de 600 cargos temporales.
Críticas sobre incremento de cargos públicos
Sin embargo, esta política ha sido duramente criticada por sectores de la oposición. El senador Miguel Uribe Turbay señaló que el incremento en la burocracia representa un gasto excesivo en el presupuesto de funcionamiento, que ha aumentado en 70 billones de pesos. “Si necesitan 12 billones por irresponsables y por hacer cuentas alegres, que los saquen de ahí”, expresó en relación con la reciente Ley de Financiamiento negada al Gobierno.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia afirmó que “a Petro no hay plata que le alcance, porque todo se le va en burocracia”. Las críticas se centran en el impacto fiscal de estas medidas, en un contexto donde el Gobierno enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades presupuestarias.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo se defiende la formalización como una herramienta para garantizar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo en el sector público, enfrentando una histórica precarización laboral. La tensión entre las demandas sociales y la sostenibilidad fiscal sigue marcando el debate sobre el alcance y las prioridades del Gobierno Petro.
