La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) destapó graves irregularidades relacionadas con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han presentado reportes con cifras desproporcionadas e inconsistencias alarmantes sobre este indicador, clave para financiar el sistema de salud colombiano.
El análisis, iniciado en noviembre de 2024 a petición del Ministro de Salud, pone en tela de juicio la veracidad de los datos entregados por las EPS. Según ADRES, las cifras reportadas para justificar los costos y servicios no corresponden a la realidad operativa ni epidemiológica del sistema.
Hallazgos alarmantes en los reportes
Entre las anomalías más destacadas, ADRES señaló un incremento del 79% en la cantidad de servicios prestados y un aumento del 119% en los costos entre 2022 y 2023. Estos datos contrastan con la capacidad instalada del sistema y no se alinean con las tendencias históricas de atención.
Además, el gasto per cápita creció un 34%, mientras que la complejidad de los casos subió un 22%. Particularmente preocupante es el aumento del 1000% en los servicios reportados tras la muerte de pacientes, una cifra que resulta estadísticamente insostenible.
El informe también revela serias irregularidades en el manejo de medicamentos. Un 23% de los reportes carece de respaldo en el sistema SISMED, lo que representa más de $985 mil millones en registros sin justificación. A esto se suma un sobrecosto de $138 mil millones debido al incumplimiento en la regulación de precios. Además de la inclusión de productos sin registros sanitarios válidos.
Ante este panorama, ADRES propuso entregar las bases de datos del sistema a universidades y centros de investigación para un análisis independiente. Esta medida busca garantizar mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos y mitigar el impacto de las irregularidades detectadas.
Ajustes a la UPC bajo la lupa
No es la primera vez que se denuncian estas prácticas. En 2011, la Universidad Nacional identificó una sobrefacturación de $500 mil millones por parte del grupo Saludcoop, lo que subraya la necesidad de fortalecer los controles sobre las EPS.
Por esto, ADRES recomendó que la Comisión encargada de definir el aumento de la UPC se limite a basar sus ajustes en la inflación. Según el organismo, las inconsistencias detectadas hacen inviable confiar en los datos proporcionados por las EPS para justificar mayores incrementos.
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Con el informe ahora en manos de la Contraloría General de la República, se espera que este ente tome las medidas necesarias para evitar que estas anomalías sigan afectando al sistema de salud. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para garantizar el adecuado uso de los recursos destinados al bienestar de los colombianos.
