Las plataformas digitales de transporte han sido un tema de debate entre diferentes sectores en Colombia. Se discute su legalidad, los beneficios y la competencia desleal que algunos conductores mencionan.
Ante esta situación, el gobierno nacional se ha visto en la obligación de buscar una posible solución o regulación de estas plataformas, entre las que se encuentran Didi, Uber, Cabify e InDriver.
El Congreso de la República ha desarrollado varias propuestas para la posible regulación de las plataformas digitales. Una de estas es el proyecto de ley 136 de 2024, que propone la creación de un Registro Único Nacional de Servicios de Movilidad (RUNSMI), a través del cual se registrarán las plataformas de transporte.
¿De qué trata este sistema?
El sistema de registro bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el MinTIC, tiene como objetivo organizar la información relacionada con las plataformas. Registrando a los propietarios de vehículos y a los conductores. Para garantizar la seguridad y efectividad del sistema, los conductores deberán cumplir con ciertos requisitos.
- Registrarse en el Runsmi.
- Actualizar la información cada seis meses.
- Tener seguros o pólizas que cubran los posibles riesgos.
- Mantener la documentación del vehículo al día.
De ser aprobada esta ley, el gobierno estima que el sistema de registro (Runsmi) se implementará en un plazo de seis meses. Una vez implementado, los conductores deberán completar su registro dentro de un tiempo establecido por la ley. Según la cual tendrían seis meses para realizar todo el registro.
Por otro lado, las aplicaciones permitirían que los usuarios evalúen el servicio del conductor, similar a lo que hacen las aplicaciones actuales.
Las tarifas serían dinámicas, lo que significa que pueden variar según la cantidad de conductores disponibles, la alta demanda, entre otros factores.
En busca de una regulación, también se propone renovar el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, el cual sanciona a los conductores que presten servicios de transporte sin cumplir con las leyes actuales o sin estar autorizados para trabajar en este campo.
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Este proyecto aún no ha sido aprobado. Para que esto suceda debe pasar por cuatro debates en el Congreso y una revisión por parte de la Corte Constitucional, para garantizar que cumpla con las normas del país.
