En las últimas horas Hugo Ospina, líder gremial de los taxistas, anunció que busca interponer una denuncia en contra de la Superintendencia de Transporte por incumplir en la ejecución de la Resolución 040313 de 2016, en la cual se impone una orden de cese de operaciones a UBER Colombia S.A.S.
Según Ospina, a pesar de haber quedado en firme la Resolución y de ser apoyada por el Juzgado Administrativo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, las medidas adoptadas para su ejecución han sido muy “pasivas”. Por tal motivo, el pasado mes de noviembre el gremio solicitó formalmente a la Superintendencia que informara cuales han sido las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento de dicha resolución.
“Han pasado años sin que se adopten medidas contundentes. Esta inacción generó graves consecuencias, incluyendo accidentes con víctimas fatales, heridos y personas en condición de discapacidad, entre ellos menores de edad. Además, Uber evade su responsabilidad en estos casos”, afirmó el dirigente.
Por su parte la Superintendencia en 2.019 sancionó a Uber con una multa de $414.058.000, equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por no cumplir con la resolución. Sin embargo, a pesar de los fallos judiciales que respaldan la decisión, Uber han continuado operando en Colombia cambiando de razón social, para esquivar las sanciones.
Por todo lo anterior, las intenciones del líder gremial son claras: adelantar una denuncia contra la Superintendencia que incluirá acciones administrativas, penales y disciplinarias. “Es hora que las autoridades tomen decisiones firmes para hacer cumplir la ley y proteger tanto a los conductores como a los ciudadanos”, concluyó.
La discusión continua: Congreso buscaría regular las plataformas digitales de transporte público.
Actualmente, a pesar de la existencia de la Resolución 040313, el Congreso aún no decide el futuro de las plataformas digitales de transporte en Colombia. En el legislativo surgen distintas propuestas, pero una de las más relevantes en el último año es el proyecto de Ley 136 de 2024. Este proyecto propone crear un Registro Único Nacional de Servicios de Movilidad (RUNSMI), que permitirá registrar las plataformas de transporte.
En resumen, este proyecto lo que implicaría es la creación de una base de datos unificada en donde propietarios de vehículos y conductores que trabajen para plataformas digitales, registren sus documentos de propiedad, seguros y pólizas de riegos, y que cada seis meses los vayan actualizando, esto con el fin de llevar un control minucioso de las actividades y condiciones de cada automotor que preste un servicio de transporte público.
Para distintos congresistas, el beneficio más inmediato de este Proyecto de Ley será la posibilidad de exigir a las plataformas digitales que tengan a sus conductores con todos los documentos y pólizas en regla, disminuyendo así el riesgo de los pasajeros por algún evento infortunado.
Las medidas tomadas por la Superintendencia de Transporte.
Aunque la propuesta “Registro Único Nacional de Servicios de Movilidad” suene prometedora, para que se haga realidad faltaría que supere cuatro debates en el Congreso y una revisión por parte de la Corte Constitucional. De momento, la Superintendencia de Trasporte, a través del Código Nacional de Policía ha endurecido las multas para quienes presten o utilicen servicios de transporte irregulares.
El Código Nacional de Tránsito establece en su infracción D12:
“Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.(…)”
Al respecto de estas sanciones económicas Ospina afirmó: “No solo se trata de imponer multas, que terminan siendo insignificantes frente al incumplimiento reiterado, sino de tomar acciones legales más drásticas”.
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Finalmente enfatizó en la necesidad de crear un marco legal en el que estas aplicaciones funcionen: “No estamos en contra de la tecnología, pero esta debe operar dentro del marco legal y con reglas claras. La falta de control genera afectaciones económicas al gremio de taxistas y pone en riesgo la seguridad de los usuarios”.
