La Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentó su informe trimestral, analizando avances y retos en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, con énfasis en seguridad de excombatientes de FARC y reforma rural.
El informe destaca la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha avanzado en cuatro casos que han llegado a juicio. Sin embargo, subraya la urgencia de establecer condiciones para aplicar sanciones propias. António Guterres, Secretario General de la ONU, pidió colaboración entre el Gobierno y la JEP para garantizar justicia efectiva y beneficios a las víctimas.
Ex-FARC enfrentan retos de seguridad tras la firma del Acuerdo
El informe documenta la cifra de 10 asesinatos y 6 intentos de homicidio contra excombatientes que firmaron el acuerdo. La violencia también afecta a líderes sociales, especialmente en regiones como Cauca, Antioquia y Arauca.
Tras el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 3 octubre, los enfrentamientos entre este grupo armado y las fuerzas del Estado aumentaron significativamente, pasando de 4 casos durante el alto al fuego a 66.
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Reforma rural: un pilar aún débil
Aunque el Gobierno de Gustavo Petro impulsó la Reforma Rural Integral, solo se adjudicó el 5.7% de las tierras prometidas en 2024, logrando apenas un 11.3% del objetivo anual debido a la falta de financiación. Contar con el presupuesto suficiente es esencial para alcanzar las metas y fortalecer la presencia estatal en regiones tradicionalmente olvidadas.
