El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una demanda interpuesta contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de hostigamiento hacia medios de comunicación. La acción legal, liderada por la Fundación para el Estado de Derecho, alega que el mandatario habría vulnerado derechos colectivos como la libertad de expresión, la moralidad administrativa y el acceso a la información.
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La demanda, sustentada con capturas de publicaciones en la cuenta de X del presidente, señala que Petro ha usado su plataforma para desacreditar a medios y periodistas críticos de su gestión. Entre las publicaciones citadas están comentarios como: “Miren este medio tratando de dividir la fuerza pública del Gobierno”, “Ya van dos noticias completamente falsas, no pensé que llegaran a tanta bajeza”, y “Medios de comunicación tradicionales, manipulación y juventudes”. Según los demandantes, estas afirmaciones constituyen una forma de estigmatización que afecta negativamente la independencia periodística en el país.
Exigencias de la acción legal
La Fundación para el Estado de Derecho solicita que el Presidente sea notificado legalmente para que se abstenga de realizar comentarios que desacrediten a los medios y periodistas. Además, pide que se le exija ofrecer disculpas públicas, tanto en una alocución presidencial en horario de máxima audiencia como en un comunicado oficial en la página web de la Presidencia.
La demanda también busca sentar un precedente al prohibir cualquier forma de censura, directa o indirecta, que afecte la independencia de los medios. Esto incluye presionar para retirar pauta publicitaria de medios críticos y garantizar una distribución equitativa de la pauta oficial. Asimismo, exige la creación de un comité interinstitucional que monitoree posibles violaciones a la libertad de prensa y emita recomendaciones al Gobierno.
Reacciones y próximo curso del caso
El Tribunal de Cundinamarca, al admitir la demanda, pidió a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que supervisen el caso y garanticen el respeto a la libertad de expresión. Estas entidades también deberán participar en las acciones destinadas a proteger a periodistas amenazados, en colaboración con la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General.
Por su parte, el presidente Petro aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, este proceso marca un hito en la defensa de la libertad de prensa en Colombia y pone en el centro del debate la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación.
