Al cierre de 2024, Colombia enfrentó una situación crítica en cuanto a violencia de género, con cifras que alcanzaron niveles alarmantes. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, los casos de feminicidios y otras agresiones hacia mujeres y niñas aumentaron significativamente en comparación con 2023. Este retroceso pone en duda la efectividad de las políticas públicas implementadas para combatir este flagelo y cuestiona el compromiso del país con la igualdad de género.
El informe revela que los feminicidios aumentaron un 15% en 2024 en comparación con el año anterior, reflejando una creciente brutalidad en los actos de violencia, lo que hace aún más urgente la implementación de medidas eficaces. En un contexto social marcado por profundas desigualdades de género, estos números son un llamado a la acción inmediata.
Impacto de la violencia de género en la salud
De acuerdo con Giovanny Rubiano García, director general del Instituto Nacional de Salud (INS), la violencia de género genera un riesgo considerable para la salud mental de las mujeres. Además, incrementa las dificultades para acceder a los servicios de salud, lo que agrava la situación de aquellas víctimas que requieren atención médica relacionada con la salud materna, sexual y reproductiva. “Una mujer violentada tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con su salud mental, así como una mayor dificultad para acceder a la atención de las distintas causas de enfermedad y muerte en la mujer”, explicó Rubiano.
Este llamado a la acción resalta la necesidad de que las víctimas reciban apoyo integral que no solo aborde sus lesiones físicas, sino también las secuelas psicológicas y emocionales derivadas de la violencia sufrida.
Alarma a nivel nacional en cifras
Las cifras son alarmantes, según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), desde inicio del 2024 hasta el 8 de junio se habían registrado 66.621 casos de violencia de género en Colombia. De estos, el 75,6% (50.374 casos) corresponden a mujeres, lo que refleja la clara desproporción de género en los actos de violencia.
Las cifras también reflejan una concentración de casos en varias regiones del país. Bogotá lidera la lista con 14.427 casos, seguida de Antioquia (7.670), Cundinamarca (6.040) y Cali (3.177). Otros municipios como Medellín, Soacha y Bucaramanga también registran altas tasas de violencia, lo que revela la extensión del problema a nivel nacional.
Un análisis más detallado de los datos revela que el 82,1% de los casos reportados ocurrieron en cabeceras municipales y que el 96,0% de las víctimas provienen de los estratos 1, 2 y 3, lo que sugiere que las personas de bajos recursos son las más afectadas por este tipo de violencia.
El incremento de violencia de género en Cali
Hasta noviembre del 2024, se reportaron 3.350 casos de violencia de género en Cali, siendo 1.151 atendidos a través de los Consultorios Rosa. Aunque se ha observado una ligera reducción del 4% en comparación con el año anterior, las cifras siguen siendo preocupantes, siendo así la violencia física, psicológica y sexual son las formas más reportadas, lo que demuestra la necesidad urgente de estrategias como los Consultorios Rosa para combatir y prevenir este flagelo.
Consultorios Rosa en Cali
La Secretaría de Salud Pública de Cali ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la violencia de género mediante el fortalecimiento de los Consultorios Rosa, una iniciativa pionera que busca ofrecer atención integral y humanizada a las mujeres víctimas de violencia. Estos espacios especializados se han consolidado como una respuesta efectiva ante la creciente problemática de la violencia de género en la ciudad.
Donde su fin es evitar la revictimización, ofreciendo un espacio donde las mujeres puedan recibir atención sin temor a ser juzgadas ni a revivir las experiencias traumáticas de la violencia sufrida. En estos consultorios se procura dar una respuesta ágil y efectiva que no solo atienda las secuelas físicas, sino también las emocionales y psicológicas que dejan estas agresiones.
Análisis de los retos y estrategias desde la Subsecretaría de Equidad de Género
Desde CW+ Noticias le realizamos una entrevista a Steffany Lizzette Escobar Rincón, Subsecretaria de Equidad de Género de Santiago de Cali, donde destaca que “La cultura machista sigue normalizando la violencia y minimizando las denuncias, mientras que la pobreza y la falta de acceso a empleo digno aumentan la vulnerabilidad de muchas mujeres”. A esto se suma la insuficiencia en las respuestas institucionales y la lentitud de los procesos judiciales, que generan un entorno de impunidad.
A pesar de los esfuerzos por fortalecer las políticas públicas, como las casas refugio y las líneas de atención ampliadas, los resultados no han sido suficientes. La Subsecretaría ha liderado iniciativas como el hogar de acogida y la estrategia “Casa Matria Territorial”, que proporciona atención en 10 comunas del distrito, permitiendo acompañar de manera integral a las mujeres afectadas por la violencia de género. Sin embargo, persisten desafíos como la falta de articulación institucional, la limitada cobertura en zonas rurales y la necesidad de mayor sostenibilidad financiera para garantizar la continuidad de estos programas.
La educación como herramienta clave
“La prevención de la violencia de género debe comenzar desde la infancia¨, afirmó Escobar Rincón. En 2024, la Subsecretaría desarrolló un documento técnico para trabajar con niñas, niños y adolescentes, incorporando prácticas de crianza no sexista y promoviendo la igualdad de género desde edades tempranas.
Para 2025, se planea fortalecer la articulación con el Comité de Convivencia de la Secretaría de Educación y avanzar en la sensibilización de docentes, cuidadores y estudiantes. Estas acciones buscan abordar la cultura machista desde su origen y sentar las bases para una sociedad más equitativa.
Además, el gobierno ha avanzado con medidas como la Ley 2442 de 2024, que facilita el divorcio unilateral y refuerza la autonomía personal de las mujeres. Sin embargo, Escobar Rincón enfatiza que las soluciones no se limitan a las penas legales, “Es esencial promover la reflexión y transformación de las masculinidades hacia modelos no violentos y equitativos”, comentó.
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Planes para 2025 en Cali: una política pública renovada
En el marco del Acuerdo 0539 de 2022, la Subsecretaría de Equidad de Género se enfocará en reducir las brechas de género y garantizar los derechos de las mujeres urbanas y rurales. Los planes incluyen fortalecer las estrategias de prevención y atención, mejorar la autonomía económica de las mujeres mediante programas de redistribución equitativa, y promover cambios estructurales que eliminen progresivamente las condiciones de discriminación y exclusión.
¨El objetivo principal es eliminar progresivamente las condiciones de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan las mujeres, promoviendo la igualdad de oportunidades y disminuyendo las brechas de género. Redistribución con equidad para la autonomía económica de las mujeres¨, argumenta Steffany Lizzette Escobar Rincón, Subsecretaria de Equidad de Género de Santiago de Cali.
Solución de organizaciones
El INS, en conjunto con otras entidades del gobierno y organizaciones sociales, continúa trabajando en la sensibilización y prevención de la violencia de género. “Hacemos un llamado a la cero tolerancia contra cualquier tipo de violencia, especialmente contra las mujeres y los niños, que son los más vulnerables”, concluyó Giovanny Rubiano García, director general del Instituto Nacional de Salud (INS). La lucha contra la violencia de género en Colombia requiere de un enfoque preventivo que proteja a las víctimas y promueva su acceso a servicios de salud y apoyo psicológico.
Además, Organismos internacionales como ONU Mujeres, han instado a Colombia a redoblar esfuerzos para proteger los derechos de las mujeres. Aumentar la inversión en programas de prevención, endurecer las penas contra los agresores y mejorar la coordinación entre las instituciones son algunas de las medidas recomendadas. En definitiva, abordar la violencia de género no solo es una cuestión de justicia social, sino también de desarrollo sostenible para el país.
