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La Violencia en el Catatumbo: Territorio clave para la elección de Petro como presidente

La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, es una de las áreas más conflictivas del país. Con 40.116 hectáreas de coca sembradas, la región se destaca por su nivel de producción de este cultivo ilícito y la presencia de grupos ilegales.

El Catatumbo, conformado por 11 municipios, ha sido una zona clave para la financiación de estos grupos ilegales, quienes se benefician de la producción y comercialización de coca. La disputa por el control de estas tierras ha llevado a enfrentamientos constantes, desplazamientos forzados y una creciente violencia que pone en riesgo tanto la seguridad de los habitantes.

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División de votos en el Catatumbo: el respaldo a Petro

En las elecciones presidenciales de 2022, la subregión del Catatumbo mostró una clara división en el voto. En varios municipios, como Ábrego, Convención, Ocaña, Tibú, Sardinata, La Playa y El Carmen, el triunfo fue para Rodolfo Hernández, quien obtuvo un promedio del 63% de los votos.

Por otro lado, en los municipios de El Tarra, San Calixto, Teorama y Hacarí, Gustavo Petro fue el ganador, con un respaldo superior al 72%. Estos territorios, más afectados por la violencia parecieron optar por un cambio hacia el programa de paz y negociación que Petro ofrecía durante su campaña. Este apoyo al actual presidente refleja un anhelo por la estabilidad y la paz en un territorio marcado por décadas de conflicto armado y narcotráfico.

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El impacto de la violencia en el territorio y los desafíos para el Gobierno

A pesar de la victoria en varias áreas del Catatumbo que impulsaron la victoria de Petro, la situación de violencia sigue siendo un desafío. En su gobierno, la paz y la reintegración de los territorios más afectados por la violencia han sido un objetivo prioritario. Sin embargo, el territorio continúa dividido entre los intereses de grupos ilegales y las autoridades del Estado, y la violencia no cesa.

El narcotráfico sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento para los actores armados ilegales, lo que agrava la situación y dificulta la implementación de políticas de paz. El gobierno de Petro ha buscado negociar con algunos de estos grupos, pero los avances han sido limitados y la violencia no ha dado tregua.

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