Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, se han nombrado alrededor de 75 gestores de paz, un grupo conformado en su mayoría por exintegrantes de guerrillas, paramilitares y otros grupos armados. Esta decisión, respaldada por la Ley 2272 de 2022, ha desatado una fuerte controversia, pues según denuncias del concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, muchos de ellos han evadido condenas judiciales que en total suman 1.246 años de prisión.
Por medio de un comunicado, el concejal Uscátegui señaló que los gestores de paz cometieron delitos graves como homicidio, secuestro, terrorismo, extorsión y narcotráfico, entre otros. Sin embargo, su designación bajo esta figura les ha permitido evadir las penas impuestas por la justicia colombiana.
Además, el concejal asegura que algunos de ellos han logrado eludir procesos legales en países como Estados Unidos, lo que intensifica las críticas hacia el programa. “La paz no se construye otorgando esquemas de seguridad y libertades a los peores criminales del país. Esto es una burla para las víctimas”, afirmó Uscátegui.
¿Quiénes son los gestores de paz?
Dentro de los 75 gestores nombrados por el gobierno, 16 pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), otros 16 al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 7 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y 25 no cuentan con información detallada que permita identificar el grupo armado al que estuvieron vinculados.
Estas personas, según el gobierno, tienen el objetivo de contribuir a la construcción de la paz total en el país. Sin embargo, para críticos como Uscátegui, su nombramiento representa un “monumento a la impunidad” y una forma de revictimizar a quienes sufrieron los horrores del conflicto armado.
¿Paz o impunidad?
El programa de gestores de paz se enmarca dentro de la política de “paz total” del gobierno Petro, que busca abordar de manera integral las causas y consecuencias del conflicto armado. No obstante, para muchos colombianos, la implementación de esta política plantea más dudas que certezas.
Organizaciones de víctimas han expresado su descontento, señalando que la paz no puede construirse sobre la base de la impunidad. Por su parte, defensores del programa argumentan que estas designaciones son un mal necesario para avanzar en la reconciliación y evitar que nuevas generaciones sufran las consecuencias de la violencia.
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A pesar de estas diferencias, el debate continúa y pone de manifiesto las complejidades de alcanzar una paz verdadera en un país con un pasado tan marcado por el conflicto. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre justicia y reconciliación? Esa es la pregunta que sigue dividiendo a la opinión pública mientras se busca avanzar hacia una paz sostenible.
