El recrudecimiento de la guerra interna en el Catatumbo, una de las regiones más conflictivas de Colombia, ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes. Desde el pasado 16 de enero, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc han causado al menos 80 muertos y más de 5,000 desplazados, mientras el Gobierno intenta contener la violencia y proteger a la población civil.
Le puede interesar: El Gobierno estudia decretar ‘Estado de Conmoción Interior’ por crisis en Catatumbo
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se desplazó a Cúcuta para coordinar las acciones de seguridad y evaluar posibles medidas de emergencia. Velásquez denunció que el ELN está realizando “acciones de cacería” contra líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, calificándolas de inaceptables en una organización que se autodenomina guerrillera.
El traslado de combatientes y el refuerzo del conflicto
Una de las preocupaciones principales es el traslado de guerrilleros del ELN desde Arauca al Catatumbo, lo que ha incrementado las capacidades del grupo armado en la región. Según Velásquez, esta estrategia busca consolidar el control del ELN en medio de los enfrentamientos, pero también debilita sus posiciones en otras zonas del país.
“Se ha confirmado el traslado de integrantes del ELN de Arauca al Catatumbo, lo que ha fortalecido temporalmente sus filas. Sin embargo, esta misma acción genera oportunidades para las fuerzas militares de contrarrestar su expansión”, señaló el ministro.
Posible Estado de excepción y medidas humanitarias
El Gobierno colombiano discutirá este lunes en un Consejo de Ministros la posibilidad de decretar un estado de excepción en la región. Esta medida permitiría asignar recursos extraordinarios y reforzar la presencia de la Fuerza Pública para proteger a los civiles y restaurar el orden.
Velásquez explicó que el estado de excepción facilitaría una respuesta más contundente frente a las causas del conflicto. Adicionalmente fortalecer las operaciones de rescate y asistencia humanitaria en el Catatumbo.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó la complejidad de las labores de rescate debido a la falta de acceso humanitario. Instó a los grupos armados a permitir la entrada de personal autorizado para asistir a la población, que enfrenta condiciones extremas de sufrimiento.
Impacto social y suspensión de diálogos de paz
La violencia en el Catatumbo ha dejado comunidades enteras desplazadas y bajo amenaza. El Gobierno de Gustavo Petro, que había establecido mesas de negociación con el ELN, suspendió los diálogos tras los recientes enfrentamientos. Esto pone en pausa cualquier intento de cese al fuego bilateral y agrava las tensiones en la región.
El Puesto de Mando Unificado (PMU) continuará monitoreando la situación para garantizar la protección de los derechos de la población afectada. Mientras tanto, el Gobierno trabaja contra reloj para definir una estrategia que permita frenar la violencia y aliviar la crisis humanitaria que asola al Catatumbo.
