La Corte Constitucional ha decidido abrir un incidente de desacato contra el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras constatar el incumplimiento de diversas órdenes relacionadas con el pago de los presupuestos máximos para el sector salud.
La Corte había solicitado al gobierno cumplir con los pagos a las EPS para asegurar la financiación de los servicios cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud, pero los recursos no han sido transferidos adecuadamente.
Incumplimiento de los pagos de 2022 y desfinanciación del sistema en 2024
Una de las principales irregularidades detectadas es la falta de ejecución de los pagos correspondientes a los reajustes de los presupuestos máximos de 2022, por 819 mil millones de pesos. A pesar de que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) autorizó su pago en diciembre de 2023, el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con la transferencia de los fondos.
La Corte advirtió sobre la desfinanciación del sistema en 2024, pues a pesar de las adiciones, los recursos asignados no son suficientes para cubrir los pagos del segundo semestre de ese año. La situación se agrava debido a la demora en los pagos y la falta de una metodología para reajustar los presupuestos.
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Retroceso en el cumplimiento de las órdenes judiciales
El alto tribunal también evidenció la falta de cumplimiento de otras órdenes, como la creación de una metodología para el reajuste de los presupuestos máximos, una tarea pendiente desde hace seis meses. La Corte señaló que el Ministerio de Salud ha omitido su responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para financiar los servicios y tecnologías en salud, lo que constituye un retroceso en el sistema.
Este incumplimiento ha generado una gran incertidumbre en el sector salud, pues las EPS enfrentan dificultades para hacer frente a los pagos de los servicios prestados, lo que afecta directamente a los afiliados, quienes podrían ver comprometida la calidad de los servicios a los que tienen derecho.
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Órdenes urgentes para evitar mayores consecuencias en el sector salud
Ante esta situación, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud realizar los pagos correspondientes a los presupuestos máximos reconocidos para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024, y también reconocer los pagos pendientes de noviembre y diciembre de 2024, a más tardar el 30 de enero de 2025.
Además, se le indicó que los pagos correspondientes a los meses de 2025 deben efectuarse dentro de los primeros 15 días de cada periodo, y que los pagos de enero y febrero deben hacerse dentro de los últimos 10 días de febrero.
La Corte también instó al Ministerio de Hacienda a transferir los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de estas órdenes. De no cumplirse con las medidas establecidas, el riesgo de desestabilización del sistema de salud en el país podría poner en peligro la sostenibilidad financiera de las EPS y afectar el derecho a la salud de millones de colombianos.
