El presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica en respuesta a la creciente violencia en el Catatumbo. La región, afectada por enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, enfrenta una crisis humanitaria que ha dejado más de 80 muertos y desplazado a más de 11.000 personas, según la Defensoría del Pueblo.
El anuncio se realizó a través de la cuenta del mandatario en X, donde afirmó: “Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo”. Además, resaltó que esta intervención militar irá acompañada de una estrategia de transformación económica en las zonas afectadas por la violencia
Desafíos en el Catatumbo
La región del Catatumbo ha sido históricamente afectada por la violencia de actores armados ilegales. La actual crisis, marcada por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, se suma a décadas de abandono estatal y problemas estructurales.
Para coordinar la respuesta a la emergencia, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd) activó un Puesto de Mando Unificado. Carlos Carrillo, director de la Ungrd, señaló: “La magnitud de la situación obliga a todas las entidades del Estado a responder con prontitud”.
Aunque esta declaratoria busca contener la crisis, los retos estructurales en la región evidencian que el camino hacia la estabilización será largo. Con esta decisión, Gustavo Petro sigue el camino de otros mandatarios que han recurrido a medidas excepcionales en momentos críticos, enfrentando el desafío de equilibrar el uso de poderes extraordinarios con el respeto a los derechos fundamentales y la estabilidad institucional.
Declaratorias de conmoción: un recurso clave en la historia de Colombia
En los últimos 35 años, las declaratorias de conmoción interior han sido utilizadas en diferentes momentos críticos para enfrentar situaciones de alta complejidad en el país. Este mecanismo, establecido en el artículo 213 de la Constitución Política, permite al presidente adoptar medidas excepcionales en situaciones que amenacen gravemente la estabilidad del orden público.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2003, el estado de conmoción interior fue decretado para contrarrestar la intensificación de la violencia guerrillera. En ese momento, se registraron ataques directos contra autoridades locales, lo que llevó a implementar restricciones al libre tránsito y autorizar operativos militares específicos para recuperar el control en zonas clave del país.
Más adelante, en 2008, Uribe intentó recurrir nuevamente a este mecanismo durante un paro judicial que involucró a más de 42.000 trabajadores. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta decisión y enfatizó que se debe usar la figura únicamente en escenarios con perturbación evidente y generalizada del orden público.
Ernesto Samper también utilizó esta herramienta en 1995 tras el asesinato del líder político Álvaro Gómez Hurtado. En ese entonces, las medidas adoptadas incluyeron controles estrictos sobre las comunicaciones y sanciones por omisión de denuncia, buscando restablecer la confianza pública en medio de un contexto de alta tensión política.
Por su parte, César Gaviria fue uno de los mandatarios que más recurrió a este instrumento. Entre 1990 y 1994, Gaviria declaró tres veces el estado de conmoción interior, y la Corte Constitucional aprobó dos de esas ocasiones.
Facultades y límites de las declaratorias
El estado de conmoción interior permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley, limitar derechos fundamentales como el libre tránsito e implementar medidas extraordinarias para contener crisis específicas. Sin embargo, todas estas acciones deben ser proporcionales y contar con la revisión de la Corte Constitucional, que tiene la facultad de anular las decisiones que excedan los límites establecidos en la Carta Magna.
La declaratoria, según la Constitución, puede extenderse por periodos de hasta 30 días, sumando un máximo de 90 días por año calendario. En cada caso, las autoridades deben justificar que las medidas adoptadas son estrictamente necesarias para superar la crisis que motivó su implementación.
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El objetivo de estas facultades excepcionales es ofrecer al Estado herramientas temporales para enfrentar situaciones que desborden las capacidades ordinarias, como crisis de violencia, catástrofes naturales o paralizaciones masivas que afecten la estabilidad institucional.
