La Fiscalía General de la Nación decidió revocar los beneficios judiciales otorgados a 31 miembros del ELN, activando nuevamente sus órdenes de captura. Esta medida surge como respuesta a los incumplimientos del grupo armado a los acuerdos previos alcanzados durante los diálogos de paz.
Entre los nombres se encuentran los máximos cabecillas del ELN como: Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista y Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”. También figuran líderes clave como Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez y Gustavo Martínez. En total, los integrantes mencionados deberán enfrentar a la justicia por delitos graves como homicidio, desplazamiento forzado y terrorismo.
Resolución 00015: Un golpe directo al ELN
La Resolución 00015 de 2025, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, pone fin a la suspensión de órdenes de captura durante las pasadas negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Según el documento, la decisión fue notificada a la Presidencia de la República, al consejero comisionado para la Paz y a las autoridades judiciales.
La Fiscalía subrayó que los beneficios judiciales no pueden mantenerse para quienes han utilizado los diálogos como fachada mientras continúan perpetrando actos violentos contra la población civil. Con esta resolución, las autoridades reafirman su compromiso de llevar ante la justicia a los miembros de esta organización.
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Acusaciones directas desde el Catatumbo
Mientras tanto, la violencia en el Catatumbo sigue siendo un foco de preocupación. El asesinato de Miguel Ángel López, su esposa y su hijo, fue lo que desató un nuevo episodio de violencia en la región.
Alias “Antonio García”, máximo líder del ELN, se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter), negando la responsabilidad de su grupo en el crimen. En su mensaje, aseguró que el hecho se trató de un montaje para culpar al ELN de manera injusta. Sin embargo, el Gobierno mantiene la hipótesis de que el grupo armado es responsable directo del acto violento.
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El impacto de la medida en el panorama nacional
Con esta decisión, los 31 miembros del ELN que habían sido reconocidos como negociadores de paz se convierten nuevamente en objetivos de las autoridades. El impacto de la reactivación de estas órdenes de captura no solo envía un mensaje claro sobre la postura del Estado frente a los incumplimientos, sino que también abre la puerta a posibles tensiones en las regiones más afectadas por la presencia de esta guerrilla.
La Fiscalía ha reiterado que su prioridad es garantizar la seguridad de la población civil y velar por que los crímenes cometidos no queden en la impunidad. En este sentido, la presión ahora recae en las autoridades de policía judicial y la fuerza pública, encargadas de llevar a cabo las capturas y desarticular las operaciones del ELN en el territorio nacional.
