La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) reveló detalles sobre la millonaria operación de repatriación de 306 colombianos deportados desde Estados Unidos, una misión ordenada por el presidente Gustavo Petro. Para cumplir con el traslado, se realizaron tres vuelos en aviones militares Boeing 737-700 entre el 28 y el 29 de enero, con un costo aproximado de 2.200 millones de pesos.
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Según informó la FAC, en el grupo de deportados había 42 niños, dos adultos mayores y 118 mujeres, algunas en estado de gestación. Con el fin de garantizar su bienestar durante el vuelo, se dispuso de un equipo de médicos militares que brindó atención a aquellos pasajeros que lo necesitaran. Además, la operación se llevó a cabo en coordinación con las autoridades estadounidenses, que facilitaron los trámites migratorios y logísticos para la salida de los connacionales.
Este operativo ha generado un intenso debate en el país, ya que la repatriación de colombianos deportados desde EE. UU. tradicionalmente ha sido gestionada por el gobierno estadounidense a través de vuelos comerciales. Sin embargo, en esta ocasión, el gobierno colombiano decidió emplear aviones de la FAC, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre el gasto público.
Críticas al alto costo de la operación
El elevado costo de la misión ha sido motivo de controversia. Mientras algunos sectores consideran que la medida responde a una necesidad humanitaria para recibir adecuadamente a los deportados, otros señalan que el uso de recursos estatales en estos vuelos militares no es la opción más eficiente. De acuerdo con expertos en temas migratorios, Estados Unidos suele cubrir los costos de deportación y repatriación de migrantes en situación irregular, por lo que el uso de aviones de la FAC ha sido visto por algunos como una decisión innecesaria.
Ante las críticas, la FAC emitió un comunicado en el que reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos colombianos en situaciones de emergencia. “Como parte de nuestra misionalidad, estamos dispuestos a atender este tipo de requerimientos cuando sea necesario”, afirmó la institución.
No obstante, las dudas persisten sobre la conveniencia de destinar más de 2.200 millones de pesos para una operación que, en otros casos, ha sido financiada por el gobierno estadounidense. Algunos analistas han señalado que este dinero podría haberse utilizado en otros programas de asistencia para los migrantes repatriados, como apoyo para su reinserción social y laboral.
¿Qué pasará con los colombianos deportados?
Tras su llegada al país, los deportados han sido recibidos por Migración Colombia, que se encarga de realizar los procedimientos de verificación de identidad y antecedentes judiciales. En muchos casos, los migrantes que regresan han pasado años fuera del país y enfrentan dificultades para su reincorporación en la sociedad colombiana.
El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) ha informado que trabaja en un plan de apoyo para estas personas, que incluiría beneficios económicos y programas sociales para facilitar su reinserción. Aunque, aún no se han definido con claridad las estrategias que se implementarán ni el presupuesto que se destinará para ello.
Mientras tanto, la política migratoria entre Colombia y Estados Unidos sigue siendo un tema de debate, especialmente después de que el gobierno de Donald Trump anunciara medidas más estrictas para la deportación de ciudadanos en situación irregular. En los próximos meses, se espera que continúe el arribo de más colombianos deportados, lo que pondrá a prueba la capacidad del país para gestionar esta crisis migratoria sin generar un impacto significativo en sus finanzas públicas.
