En un esfuerzo por aumentar el recaudo fiscal y hacer frente a la crisis económica que atraviesa la región del Catatumbo, el gobierno de Colombia está considerando la aplicación de impuestos a las iglesias del país. Esta medida busca generar recursos adicionales que ayuden a enfrentar las dificultades económicas y sociales en la región, que ha sido particularmente afectada por el conflicto armado y la escasez de recursos.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, reveló esta iniciativa en una entrevista con el medio Portafolio. Durante la conversación, Guevara explicó que la posibilidad de imponer impuestos a las iglesias no es una propuesta nueva, ya que en el marco de la reforma tributaria presentada en 2022 también se había planteado esta idea. Sin embargo, en ese momento, el proyecto fue retirado antes de llegar a la discusión final, lo que dejó la propuesta en el aire.
Los impuestos solo afectarían actividades comerciales, no religiosas
El ministro Guevara subrayó que el nuevo gravamen se enfocaría exclusivamente en las actividades comerciales que algunas iglesias realizan. De acuerdo con la propuesta, no se gravarían los ingresos derivados de las actividades religiosas ni los recursos que se obtienen de los cultos, ceremonias o ritos religiosos. Tampoco se incluirían las actividades de beneficencia o educativas realizadas por las iglesias en beneficio de la comunidad.
Sin embargo, el foco estaría en aquellos ingresos generados por negocios alternativos que están bajo la administración de algunas iglesias, tales como cafeterías, barberías, librerías, centros vacacionales, hoteles, parqueaderos, y otros comercios que no están directamente relacionados con el ejercicio religioso. Estos negocios, aunque vinculados a las iglesias, operan como entidades comerciales independientes que generan ganancias de manera similar a cualquier otra empresa.
Cabe recordar que en la reforma tributaria de 2022, ya se había sugerido la posibilidad de aplicar impuestos sobre las ganancias de las iglesias que operan negocios comerciales. Para este tipo de actividades, la reforma planteaba una tarifa de impuesto sobre la renta de un 20%. Sin embargo, esta medida fue retirada de la discusión en su momento, lo que dejó en suspenso su implementación.
El gobierno de Gustavo Petro ha argumentado que, debido a la crisis económica y la necesidad urgente de recaudar fondos para programas sociales y de desarrollo, esta propuesta podría ser reconsiderada. En este sentido, Guevara enfatizó que la medida no afectaría la parte religiosa de las iglesias, sino solo aquellos aspectos que están más ligados a la actividad económica.
Un intento por recaudar fondos para la crisis en el Catatumbo
La crisis económica en el Catatumbo ha sido un factor crucial para que el gobierno vuelva a considerar esta medida. La región, que ha sufrido efectos devastadores por el conflicto armado, la falta de infraestructura y los altos índices de pobreza, requiere una atención urgente. El gobierno busca encontrar maneras efectivas de generar recursos de forma inmediata para apoyar a las comunidades afectadas.
A través de la propuesta de impuestos a las iglesias, el gobierno colombiano intentaría aprovechar el potencial económico de estas instituciones religiosas, que a menudo operan negocios como una forma de financiar sus actividades. Al aplicar un impuesto a estos ingresos comerciales, se pretende aumentar el recaudo fiscal sin afectar los aspectos religiosos o de beneficencia que las iglesias realizan en la sociedad.
Aunque aún no se han dado detalles específicos sobre cuándo o cómo se implementaría esta propuesta, el ministro Guevara señaló que el gobierno está evaluando seriamente todas las opciones disponibles para mejorar la situación fiscal del país. La posibilidad de aplicar impuestos a las iglesias se ve como una forma de ampliar la base tributaria, enfocándose en aquellos sectores económicos que no están actualmente sujetos a impuestos.
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Si se aprueba, la medida podría generar un nuevo debate en torno a la separación entre la iglesia y el estado, ya que algunas organizaciones religiosas podrían oponerse a la imposición de estos gravámenes. Sin embargo, para el gobierno, el objetivo es claro: conseguir recursos rápidamente para atender la crisis en el Catatumbo y otras regiones vulnerables del país.
