La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionada con presuntas interceptaciones ilegales a los negociadores del proceso de paz con las Farc, continúa siendo uno de los casos más controvertidos en la justicia colombiana. El proceso se centra en el supuesto acceso abusivo a sistemas informáticos en 2014, con el fin de obtener información confidencial sobre líderes políticos, miembros de las Farc y funcionarios del Gobierno Nacional. Este hecho involucró a Andrés Sepúlveda, conocido como “el hacker”, quien habría llevado a cabo las interceptaciones con el propósito de desestabilizar las negociaciones de paz que se desarrollaban en La Habana.
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Aunque Uribe ha negado cualquier participación en las actividades ilegales y ha llegado incluso a denunciar a Sepúlveda por calumnia, la Fiscalía General de la Nación sigue adelante con la investigación. En este contexto, la Fiscalía solicitó al Juzgado 51 Penal de Conocimiento de Bogotá un aplazamiento de la audiencia programada para este miércoles 5 de febrero, en la que se analizaría la solicitud de preclusión, es decir, el cierre de la investigación.
Más de una década de lo ocurrido y se continua aplazando
La solicitud de preclusión está relacionada con el largo tiempo que ha transcurrido desde los hechos ocurridos hace más de una década, durante los cuales el caso ha sido aplazado en varias ocasiones debido a problemas judiciales y a las solicitudes tanto de la defensa de Uribe como del ente acusador. De hecho, el caso, inicialmente bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, pasó a la Fiscalía después de la renuncia de Uribe al Senado.
La fiscal encargada del caso argumentó que se necesita más tiempo para presentar elementos adicionales en su solicitud de preclusión, que será crucial para definir el futuro del proceso judicial contra el exmandatario. A medida que se acerca la fecha de prescripción de los cargos, la atención se centra en los argumentos que la Fiscalía presentará para justificar el cierre de la investigación y en cómo responderá la defensa de Uribe.
Aunque aún no se ha establecido una nueva fecha para la audiencia, se espera que esta se lleve a cabo en las próximas semanas. En tanto, la controversia sobre las presuntas chuzadas y el futuro de la investigación judicial contra Álvaro Uribe sigue generando debate en el país.