El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó controversia en su intervención durante el consejo de ministros de este martes 5 de febrero de 2025, al referirse a la condena de cinco años y tres meses impuesta a la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, por su participación en los disturbios de 2019. Petro afirmó que la condena refleja un castigo injusto hacia “la mujer pobre” que se levantó a protestar durante el estallido social.
Le puede interesar: Polémica declaración de Petro sobre legalización de la cocaína: “No es más mala que el whisky”
Según Petro, Epa Colombia está siendo castigada no solo por sus actos de vandalismo, sino por su estatus de popularidad y pobreza, considerando que ella restituye los bienes dañados, como los vidrios de Transmilenio. “A Epa la castigan por ser popular, pobre, levantarse y protestar en un momento en que los jóvenes estaban protestando. Castigan la protesta y a la mujer pobre que se levanta”, dijo el presidente.
Petro cuestionó la falta de celeridad de la justicia colombiana
El mandatario también cuestionó la falta de celeridad de la justicia frente a otros casos de corrupción, en particular un presunto desfalco millonario en los recursos destinados a la paz. Petro denunció que en estos casos, a pesar de la magnitud del robo, no se ha dado el mismo tratamiento judicial. “Tenemos, posiblemente, 16 billones robados, algo que es fácilmente investigable, pero no va. Si los encarcelan, el mecanismo se descubre”, agregó.
La controversia en torno al caso de Epa Colombia continúa, especialmente en un contexto en el que varios sectores de la sociedad colombiana cuestionan la forma en que se han manejado los procesos judiciales relacionados con las protestas sociales, y las diferencias en el trato a los responsables de hechos de corrupción y de vandalismo.
Además, el pronunciamiento de Petro se sumó a la serie de críticas internas en su gobierno, que incluyeron el rechazo de su vicepresidenta, Francia Márquez, hacia las recientes designaciones de Laura Sarabia como canciller y Armando Benedetti como jefe de despacho, lo que dejó en evidencia las tensiones dentro del gabinete presidencial.
