La defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento que le impide salir de Barranquilla mientras avanza la investigación en su contra. Según el abogado Alejandro Carranza, el exdiputado se encuentra “colapsado en su proyecto de vida” debido a las restricciones impuestas, lo que ha dificultado su búsqueda de empleo. Además, destacó que Petro Burgos y su familia han recibido amenazas de muerte, lo que incrementa la vulnerabilidad del acusado.
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Nicolás Petro está siendo investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que se descubriera un aumento irregular en su patrimonio de más de $1.053 millones. A pesar de las dificultades, la defensa considera que la medida de aseguramiento no es necesaria y ha propuesto dos alternativas: limitar la movilidad de Petro únicamente fuera del país, o incluso otorgarle la libertad total bajo la condición de que se presente periódicamente ante las autoridades judiciales.
Nicolás Petro y su esposa profesionales en Derecho pero sin empleo
Uno de los argumentos más fuertes presentados por el abogado defensor es que Nicolás Petro, al ser profesional en Derecho, no ha podido emplearse en Barranquilla debido a la estigmatización política y las dificultades de movilidad. Según Carranza, existen opciones laborales fuera de la ciudad, como en el instituto Lulopy S.A.S. en Bogotá y la empresa Joromage S.A.S. en Montería, pero las restricciones le impiden acceder a estos trabajos.
El abogado también señaló que la esposa de Nicolás Petro, Laura Andrea Ojeda Estupiñán, también abogada, ha sufrido las consecuencias de la investigación, ya que tampoco ha podido conseguir un trabajo estable debido al rechazo y la estigmatización hacia su familia.
La audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento está programada para el jueves 20 de febrero de 2025, fecha en la que el juez decidirá si se modifican las condiciones de la medida impuesta a Nicolás Petro.
