En el Cañón del Micay, un territorio rural de los departamentos de Cauca y Nariño, se ha desatado una nueva modalidad de reclutamiento forzado impulsada por las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es por esto que, ambas organizaciones exigen a las familias de la región entregar un integrante para sus filas, sin importar la edad.
Recientemente, en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, un grupo de jóvenes logró escapar de las filas del frente José María Becerra del ELN. Es por esto que, durante una operación de las tropas de la Tercera División del Ejército Nacional, liberaron a estos jóvenes, quienes habían sido reclutados aproximadamente un año antes, tras una fuga arriesgada. Uno de los jóvenes resultó herido en su intento de escape y los enfermeros de combate lo atendieron rápidamente, lo estabilizaron y lo trasladaron a un centro médico.
El testimonio de los jóvenes liberados revela el horror al que los sometieron. Relataron cómo, después de que los arrancaron de sus hogares, los forzaron a unirse a la guerrilla sin posibilidad de rechazar la orden.
El impacto del reclutamiento forzado en la región
El testimonio de uno de los jóvenes reclutados es que en septiembre de 2024, los miembros del ELN llegaron a su hogar y anunciaron que su familia debía cumplir con “la cuota para la revolución”. Sin alternativa, el joven partió con ellos, y poco después, las disidencias de las Farc obligaron a su familia a cumplir con una cuota impuesta.
Según fuentes de inteligencia militar, en los últimos tres meses de 2024, tanto el ELN como las disidencias de las Farc han reclutado a más de 100 personas en los municipios del Cauca y Nariño. Viéndose muchos de estos nuevos reclutas son jóvenes sin experiencia militar, enviados directamente al frente de batalla, lo que aumenta considerablemente el riesgo de caer en campos minados o enfrentamientos armados.
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Ante la creciente preocupación, las autoridades han intensificado los operativos en la zona con el objetivo de desmantelar estos grupos armados ilegales y facilitar la reintegración de los combatientes a la sociedad. En lo que va de 2025, al menos ocho personas han decidido entregarse a la justicia y abandonar las filas de los grupos armados.
