A tres semanas de que se desatara el conflicto armado en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, la situación humanitaria sigue empeorando. Aproximadamente 60.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la creciente violencia que azota la región. Sin embargo, cuando algunos de los desplazados intentaron regresar a sus tierras, se encontraron con una dura realidad; sus viviendas y fincas habían sido tomadas por grupos armados, en su mayoría miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que les obligó a desplazarse nuevamente.
Por esto, el general Giovanni Rodríguez, comandante de la segunda división del Ejército Nacional, explicó que, a pesar de que el ELN no mantiene campamentos en la zona, los miembros de esta organización se han infiltrado en las viviendas de los desplazados, utilizando los hogares como centros de operaciones desde los cuales coordinan actividades ilegales. Estas acciones no solo han puesto en riesgo la vida de los civiles, sino que también violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que protegen la propiedad y seguridad de las viviendas.
El testimonio de los desplazados es conmovedor. Varias familias han tenido que abandonar nuevamente sus tierras, no solo por la ocupación de las viviendas, sino también por la presencia de minas antipersona que siembran aún más miedo entre los pobladores. En algunos casos, los afectados han encontrado partes de sus fincas completamente minadas, lo que ha complicado cualquier intento de regresar.
Desplazados del Catatumbo se sienten ‘doblemente desplazados’
Una mujer, cuya identidad ha sido protegida por motivos de seguridad, relató en una entrevista a Noticias RCN que, al intentar regresar a su finca, se topó con una situación de terror. “Tocó devolvernos por la situación que se está viviendo. Cuando llegamos allá había partes minadas y por miedo nos tocó regresar”, comentó. Esta mujer, al igual que muchos otros, ahora se siente “doblemente desplazada”, ya que tuvo que abandonar su hogar por segunda vez debido a la violencia en la región.
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El líder social Jesús Orlando Gutiérrez también denunció que los grupos armados no solo se han adueñado de las viviendas, sino que han intensificado su presencia en las áreas rurales, generando un ambiente de completa inseguridad. Según Gutiérrez, muchas familias han quedado atrapadas entre la violencia de los actores armados y la falta de apoyo por parte del Estado, lo que les deja pocas opciones para poder regresar con seguridad.
Mientras tanto, las autoridades locales y organizaciones humanitarias piden que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los desplazados y facilitar su retorno. No obstante, el panorama sigue siendo incierto, ya que la violencia y la ocupación de tierras continúan creciendo en la región, sin que haya señales claras de una pronta resolución. En este contexto, miles de familias esperan una respuesta efectiva del gobierno que les permita regresar a sus hogares en condiciones de seguridad.
