Las autoridades de Medellín están en alerta tras el anuncio de un paro armado de 72 horas que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevará a cabo en el Chocó, a partir del 18 de febrero. El conflicto en esa región está forzando a miles de personas a huir, y aunque muchos buscan refugio en la capital antioqueña, el regreso a sus hogares se ve amenazado por la continua violencia.
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Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, afirmó que el gobierno local está coordinando con varias instituciones, como la Personería y la Defensoría del Pueblo, para recibir y brindar ayuda humanitaria a los desplazados. Sin embargo, señaló que el retorno de algunas familias es difícil debido a la inseguridad en sus lugares de origen. “Ya tenemos a más de 150 personas provenientes de municipios afectados. Estamos preparados para atenderlos en albergues y con apoyo institucional”, aseguró.
La situación en el Chocó es crítica. El conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo ha desplazado a más de 3,500 personas, mientras que 12,000 están confinadas en sus hogares por el temor a la violencia. Las autoridades temen que este éxodo aumente si los combates se intensifican.
Fuerza Armada refuerza el Chocó
Por su parte, el paro armado anunciado por el ELN tiene como objetivo visibilizar, según ellos, la “grave situación humanitaria” en el Chocó, a la vez que acusan al gobierno de permitir el avance de grupos paramilitares en la región. Las Fuerzas Armadas colombianas han reforzado la zona con más de 400 soldados y medios navales para frenar el accionar de estos grupos armados.
La situación también ha generado preocupación entre los ciudadanos de Medellín, quienes expresan inquietud sobre el impacto que esta nueva ola de desplazados tendrá en la infraestructura y los servicios sociales de la ciudad. Mientras tanto, se espera que las autoridades nacionales y locales mantengan el monitoreo y la respuesta a esta creciente crisis humanitaria.
