Habitantes del Chocó se encuentran cercados por el conflicto armado. Por una parte, desde la medianoche del 18 de febrero el departamento vive un paro armado impuesto por la guerrilla del ELN. Por otro lado, en la región del Medio San Juan se reportan enfrentamientos entre los guerrilleros y hombres del Clan del Golfo, que dejan hasta el momento 3.600 desplazados y más de 12.000 personas confinadas, según cifras de la Gobernación del Chocó.
En ese contexto y con el fin de hacer frente a la violencia que se ha tomado el departamento de la región pacifica, el Ejercito Nacional de Colombia anunció el despliegue de más de 1.540 uniformados. Con este esfuerzo, se han robustecido los dispositivos de control terrestre, fluvial y aéreo, asegurando la protección de la población civil.
Por medio de un comunicado publicado en la red social ‘X’, el Gobierno Nacional confirmó que las Fuerzas Armadas hacen presencia actualmente en los municipios de “Juradó, Riosucio, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó y el litoral del San Juan”.
De igual manera, la Infantería de Marina mantiene constante vigilancia en el río Atrato para garantizar la seguridad del Golfo de Urabá. Además, se ha implementado un dispositivo fluvial en Quibdó, asegurando la movilidad de mercancías y el desarrollo económico de la región.
Según el brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Brigada 15, “ya se realizó un despliegue de 340 soldados que ingresaron por los corregimientos de San Miguel, Negría y Panamá, del municipio del Medio San Juan, con el ánimo de llegar hasta los sitios afectados, como Puerto Murillo y Unión Wounan”.
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Disidencias de las Farc habrían llegado al Chocó para aliarse con el Clan del Golfo.
Desde la Defensoria del Pueblo, Iris Marín, reporta que “Por primera vez hemos recibido reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN“.
Adicionalmente, Marín alertó sobre once focos activos de emergencia humanitaria en Colombia debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, los cuales estarían afectando de “manera desproporcionada” a campesinos, afrocolombianos e indígenas, así como a niños y jóvenes.
Cabe señalar que dicho grupo criminales se disputan el control del río San Juan, ruta vital para el dominio de las actividades económicas ilícitas, como el narcotráfico, el tráfico de madera y la minería ilegal. Ante ese panorama de violencia armada, la Defensoría urgió a las autoridades nacionales y locales a implementar “acciones inmediatas” que prioricen la protección de las comunidades afectadas.
