La crisis energética en Colombia ha escalado a un nuevo nivel de preocupación luego de que la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría exigieran al Ministerio de Minas y Energía explicaciones sobre el pago de subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3. La falta de claridad en estos pagos y la creciente deuda del sector han generado alarmas sobre un posible apagón a nivel nacional.
El requerimiento de los organismos de control surge tras la ausencia del ministro de Minas, Andrés Camacho, en una reunión clave con los gremios del sector. En la solicitud oficial, se exige un informe detallado sobre los pagos realizados a las comercializadoras de energía hasta el 29 de enero de 2025, incluyendo un desglose en formato Excel con los beneficiarios, montos adeudados y fechas de expedición de los respectivos pagos.
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Según datos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la deuda del Gobierno con las empresas del sector asciende a $2,8 billones y sigue aumentando en aproximadamente $300.000 millones mensuales. Esta situación pone en riesgo la estabilidad financiera de las compañías y, por ende, la continuidad del servicio eléctrico en el país.
Solicitud de información sobre proyectos eólicos en La Guajira
Además del tema de los subsidios, la Contraloría y la Procuraduría también han solicitado información sobre el estado de los proyectos eólicos en La Guajira. Estas iniciativas, fundamentales para el fortalecimiento del sistema eléctrico, han sufrido retrasos debido a la falta de licencias ambientales y otros obstáculos burocráticos. En el documento enviado al Ministerio de Minas, se exige un informe detallado con el avance de cada proyecto, las empresas responsables y una fecha estimada para la entrega de energía.
En paralelo, los gobernadores de la región Caribe han manifestado su preocupación por la crisis financiera que enfrentan las empresas distribuidoras de energía, como Air-e y Afinia. Estas compañías han alertado sobre la falta de pago de los subsidios y la deuda acumulada de usuarios oficiales, que incluye hospitales y colegios, generando un déficit superior a los $7 billones. La situación podría desencadenar fallas en el suministro eléctrico, especialmente en el norte del país.
A esta crisis financiera se suma un problema estructural en la generación de energía. Desde 2019, el país ha apostado por la incorporación de fuentes renovables, pero la entrada en operación de nuevos proyectos ha sido insuficiente para cubrir la demanda creciente. Mientras que el Gobierno ha celebrado la integración de 1.900 MW en parques solares hasta diciembre de 2024, expertos advierten que el país necesita al menos 790 MW adicionales cada año para evitar una sobrecarga del sistema y depender de generación térmica costosa y contaminante.
Exportación de energía a Ecuador, un factor crítico
Otro factor crítico es la incertidumbre en la exportación de energía a Ecuador. Debido a los problemas internos en Colombia, la capacidad de enviar electricidad al país vecino se ha visto afectada, generando estrés adicional en el sistema. De acuerdo con analistas del sector, si la situación no se estabiliza, el país podría enfrentar racionamientos eléctricos en los primeros meses de 2026.
El panorama se agrava con la reciente circular emitida por el Gobierno Nacional, que obliga a las generadoras a continuar prestando el servicio sin garantías de pago. Esta medida ha sido calificada como insostenible por el sector, ya que traslada la carga financiera a las empresas sin ofrecer una solución viable para el déficit acumulado.
El llamado de expertos y gremios es claro: se requiere una política energética responsable y financieramente viable. Para ello, es necesario garantizar el equilibrio entre oferta y demanda, incentivar la inversión en generación de energía y asegurar que los subsidios sean pagados a tiempo. De no tomarse medidas urgentes, el riesgo de un apagón nacional podría convertirse en una realidad en el corto plazo.
