Los generales Óscar Enrique González, Luis Roberto Pico, Jorge Ernesto Rodríguez y Juan Carlos Piza fueron comandantes sucesivos de la Cuarta Brigada entre 2004 y 2007, en un periodo en el que, según la JEP, se consolidó una política de facto que priorizaba el conteo de bajas como método de evaluación del éxito militar. Este mecanismo, ya identificado en la década anterior, se habría fortalecido bajo su dirección, derivando en un “patrón macrocriminal” en el que al menos 434 personas fueron asesinadas y reportadas falsamente como combatientes.
El tribunal explicó que la competencia entre batallones por mostrar resultados en términos de bajas fue incentivada con beneficios como ascensos, permisos y condecoraciones. Por otro lado, las unidades que no presentaban muertes eran objeto de presiones y amenazas, lo que fomentó un ambiente en el que se privilegió la letalidad por encima de la captura de supuestos insurgentes.
Las investigaciones han identificado cuatro modalidades bajo las cuales se cometieron estos crímenes. En primer lugar, la ejecución de civiles que eran señalados arbitrariamente como colaboradores de grupos armados sin una verificación real. En segundo lugar, el engaño a víctimas con falsas ofertas de empleo para trasladarlas a zonas donde serían asesinadas. También se documentó el asesinato de combatientes rendidos o capturados, así como la ejecución aleatoria de personas en situaciones fortuitas, simplemente para aumentar las cifras de bajas.
La respuesta política y el impacto del fallo
El expresidente Álvaro Uribe, crítico constante de la JEP, ha rechazado estas imputaciones y aseguró que el tribunal busca debilitar a las Fuerzas Militares. Según él, hay una desproporción en el número de militares procesados frente a los excombatientes de las FARC, lo que evidencia un sesgo en la justicia transicional. Uribe ha propuesto la creación de un organismo alternativo para juzgar a miembros de la Fuerza Pública involucrados en crímenes cometidos hasta 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz.
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Este proceso ante la JEP es parte de un esfuerzo mayor por esclarecer los crímenes del conflicto armado colombiano y garantizar justicia para las víctimas. Aunque en otras regiones del país también se han documentado patrones similares de ejecuciones extrajudiciales, Antioquia representa uno de los casos más emblemáticos. La decisión de la JEP sigue generando debate en un país donde el legado del conflicto aún divide a la opinión pública y enfrenta posturas políticas irreconciliables.
Ahora, los generales y demás imputados tienen 30 días para responder a la JEP, ya sea reconociendo su responsabilidad y accediendo a beneficios judiciales, o enfrentando un proceso más riguroso en caso de negarse a aceptar los cargos.
