El Senado de la República dio un primer paso para modificar el modelo de financiamiento de las universidades públicas. La Comisión VI aprobó en primer debate la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, buscando cambiar el criterio que determina el presupuesto anual de estas instituciones.
El Ministerio de Educación promueve esta iniciativa para abordar la crisis financiera que afecta a las instituciones de educación superior. Actualmente, el presupuesto se ajusta según la inflación, sin considerar costos adicionales como infraestructura, tecnología y salarios. Con la reforma, el cálculo se basará en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), una medida más precisa de los gastos universitarios.
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Impacto en la financiación a universidades públicas
El proyecto busca incrementar los recursos que el Gobierno destina a las universidades nacionales, departamentales y municipales. Actualmente, el aumento presupuestal depende en un 30% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Con la reforma, este porcentaje subiría a un 70%, lo que garantizaría una mayor estabilidad financiera para estas instituciones.
Además, la propuesta incluye fondos adicionales para mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes. La asignación de estos recursos permitirá fortalecer la infraestructura, ampliar la cobertura educativa y garantizar condiciones laborales justas para docentes y administrativos.
Nuevas disposiciones para instituciones técnicas y tecnológicas
Otro aspecto clave del proyecto es la creación del artículo 86a, que establecerá una base presupuestal específica para las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias estatales. El Gobierno destinará el 0,05% del PIB del año anterior para fortalecer estas instituciones y garantizar su sostenibilidad financiera.
El Ministerio de Educación busca cerrar la brecha entre universidades y otras instituciones de educación superior, promoviendo un sistema de financiamiento más equitativo. Con esta medida, se espera que las instituciones técnicas y tecnológicas puedan mejorar sus condiciones y ofrecer programas de calidad a sus estudiantes.
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Reacción del Gobierno y la comunidad académica
Tras la aprobación en primer debate, el ministro de Educación, Daniel Rojas, destacó la importancia de esta iniciativa. “Dimos un paso más para saldar una deuda histórica con la educación superior pública”, afirmó. Según Rojas, el proyecto responde a las necesidades del sector y refleja un compromiso del Gobierno con la educación.
Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza, coautora de la propuesta, recordó que muchas universidades atraviesan una crisis financiera. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, enfrenta un déficit de más de 350.000 millones de pesos. Pedraza enfatizó que la reforma busca garantizar estabilidad económica y evitar interrupciones académicas.
Próximos pasos del proyecto
El proyecto de ley ahora pasará a la plenaria del Senado, donde continuará el debate. Se espera que el Congreso apruebe la reforma en las próximas sesiones para implementar cuanto antes los cambios en el modelo de financiamiento.
Si se aprueba en su totalidad, la iniciativa transformará el sistema de financiamiento universitario en Colombia, beneficiando a miles de estudiantes y docentes en el país. Las universidades públicas contarán con un presupuesto más justo y acorde a sus necesidades reales, lo que fortalecerá la educación superior en el largo plazo.