Los cultivos de coca en Colombia alcanzaron un máximo histórico en 2023, según el informe más reciente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU. Con un total de 253.000 hectáreas sembradas, la cifra representa un incremento del 10% en comparación con el 2022 y un aumento del 53% en la producción potencial de cocaína. Este crecimiento refleja la consolidación de las economías ilegales y la falta de control estatal en las zonas más afectadas por el narcotráfico.
La expansión de estos cultivos no solo afecta la seguridad del país, sino que también tiene repercusiones internacionales. Según la ONU, cada vez más países reportan un aumento en el consumo de cocaína, lo que refuerza la relación entre la producción colombiana y el mercado global.
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Departamentos más afectados y presencia de grupos armados
El informe señala que de los 19 departamentos con cultivos de coca en el país, 16 registraron aumentos significativos en 2023. Cauca y Nariño encabezan la lista de las regiones más impactadas por esta problemática, convirtiéndose en epicentros del narcotráfico. Además, en el 98% de los municipios con alta concentración de cultivos ilícitos, al menos un grupo armado ilegal tiene presencia y controla las rutas del tráfico de drogas.
El vínculo entre la expansión de los cultivos de coca y la actividad de estos grupos es innegable. La ausencia del Estado y la falta de oportunidades han convertido al narcotráfico en el sustento de muchas familias.
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Estrategia del Gobierno: ¿solución o incentivo para más cultivos?
Ante el alarmante crecimiento de los cultivos ilícitos, el presidente Gustavo Petro anunció una nueva estrategia para erradicar la coca en el Catatumbo. La propuesta consiste en ofrecer pagos a los campesinos que entreguen las plantas desde la raíz. Según Gloria Miranda Espitia, directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el Gobierno pagará a los agricultores $1.280.000 mensuales (equivalente al 90% de un salario mínimo) durante un año para incentivar la erradicación voluntaria.
Sin embargo, esta medida ha generado críticas y preocupaciones en diversos sectores. Advierten que este tipo de incentivos podrían motivar a más personas a sembrar coca con la esperanza de recibir compensaciones económicas en el futuro. La senadora Paloma Valencia cuestionó la efectividad de esta estrategia, recordando que intentos similares en el pasado provocaron un aumento en los cultivos ilícitos.
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Un debate en medio del aumento de precios
El senador Ariel Ávila también expresó su escepticismo respecto a la viabilidad de esta estrategia. Según Ávila, la iniciativa del Gobierno llega en un momento en el que el precio de la hoja de coca ha subido, lo que hace poco probable que los cultivadores quieran erradicar voluntariamente sus siembras.
El aumento de los cultivos de coca en Colombia plantea un desafío complejo que exige soluciones integrales. El Gobierno insiste en una política de erradicación basada en pagos directos, algunos sectores consideran que la clave está en fortalecer las oportunidades económicas legales.
