El pasado 4 de marzo, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) anunció la suspensión de la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela. Esta medida, impulsada por el presidente Donald Trump, responde a la presunta falta de cooperación del gobierno de Nicolás Maduro en la deportación de migrantes venezolanos y a los cuestionamientos sobre las condiciones electorales en el país suramericano.
Desde su regreso a Venezuela en 2022, Chevron ha sido un actor clave en la recuperación económica de la nación, generando cerca de 400 millones de dólares mensuales por concepto de exportaciones petroleras. Con su salida, programada para el 3 de abril, se prevé un impacto significativo en la economía venezolana, lo que podría desencadenar un aumento en la migración hacia países vecinos, entre ellos Colombia.
De acuerdo con datos oficiales, hasta diciembre de 2024, aproximadamente 7.9 millones de venezolanos se encuentran en calidad de refugiados y migrantes en diversas partes del mundo. Si bien en los últimos meses el flujo migratorio había mostrado signos de estabilización, expertos advierten que la salida de Chevron podría generar un nuevo éxodo de ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida fuera de Venezuela.
Medida estadounidense afecta directamente la estabilidad venezolana
Txomin Las Heras, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que la medida estadounidense afectará directamente la estabilidad económica de Venezuela. “La eliminación de esta licencia petrolera indudablemente va a tener un efecto en la economía del país. Si se reducen los ingresos en divisas, se deterioran las condiciones económicas y habrá un retroceso en las condiciones sociales de la población, con más desempleo y escasez”, señaló.
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Además, alertó sobre las dificultades que enfrentarán los países receptores de esta diáspora, como Colombia, Perú, Chile y Brasil, especialmente ante la reducción de programas de apoyo internacional como los de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que han sido clave en la atención humanitaria de migrantes.
Respuesta del gobierno venezolano
El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó de inmediato a la medida, calificándola como una estrategia fallida de Estados Unidos para desestabilizar al país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez recordó que “acciones como estas impulsaron la migración masiva entre 2017 y 2021, con consecuencias ampliamente conocidas”.
Como respuesta, el gobierno venezolano anunció la activación del Plan Independencia Productiva Absoluta, con el que busca mantener la estabilidad de la industria de hidrocarburos y evitar un colapso económico. Sin embargo, expertos como Las Heras advierten que Venezuela podría recurrir nuevamente a la venta de petróleo en el mercado negro internacional, lo que, si bien generaría algún tipo de ingresos, no sería suficiente para frenar el deterioro económico del país.
Ante este panorama, Colombia y otros países de la región deberán prepararse para una posible crisis migratoria, con implicaciones económicas, sociales y políticas que podrían poner a prueba sus capacidades de atención humanitaria y estabilidad interna.
