La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación por la grave situación de violencia que sigue afectando a Colombia, con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas como principales víctimas. En su informe anual, presentado en Ginebra, la ONU advirtió sobre el crecimiento de la influencia de grupos armados ilegales y el impacto del conflicto en la población civil.
El informe señala que en 2024 se registraron 216 casos de reclutamiento infantil, la mayoría de ellos indígenas, un fenómeno que ha crecido un 58% en comparación con el año anterior. También se reportaron 72 masacres, así como el asesinato de 89 defensores de derechos humanos. Aunque el número de homicidios de excombatientes de las FARC disminuyó un 31%, persisten graves problemáticas como desplazamientos forzados, confinamientos y desapariciones.
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Durante la presentación del informe, la directora de Operaciones Globales de la Acnudh, Maarit Kohonen, enfatizó la necesidad de reforzar la presencia estatal en zonas vulnerables. “Es fundamental garantizar la seguridad de las comunidades y la protección de quienes defienden los derechos humanos, en especial aquellos que luchan por causas medioambientales”, declaró.
Mayor control de grupos armados y obstáculos para la paz
El documento también advierte sobre la consolidación de grupos armados ilegales que, a pesar de las negociaciones con el Gobierno, siguen imponiendo paros armados y ejerciendo control social en varias regiones. En departamentos como Chocó y Norte de Santander, estos grupos han instaurado normas propias, e incluso “centros de rehabilitación” donde imparten justicia sin intervención estatal.
Por otro lado, el informe destaca que en 2024 el Gobierno de Gustavo Petro gestionó 12 procesos de diálogo con distintos grupos armados, logrando avances con algunas facciones, como los Comuneros del Sur, que ya firmaron un protocolo para la entrega de armas. Sin embargo, otros procesos han enfrentado obstáculos, como la suspensión del diálogo con el ELN tras el aumento de ataques en el Catatumbo.
Retos para la protección de los derechos humanos
Entre las principales preocupaciones de la ONU está el aumento de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos. Durante el último año, se recibieron 191 denuncias por asesinatos de líderes sociales, de las cuales 89 fueron verificadas. Además, se reportaron 569 amenazas, con 200 dirigidas contra mujeres y 16 contra personas del colectivo LGBTI.
El representante de la Acnudh en Colombia, Juan Carlos Monge, hizo un llamado a fortalecer la presencia institucional en todas las regiones y a garantizar la implementación efectiva del Acuerdo de Paz. “El Gobierno ha tomado acciones valientes, pero los esfuerzos parecen insuficientes ante la magnitud del problema. Se necesita redoblar el compromiso para evitar que la violencia continúe escalando”, concluyó.
La ONU instó al Estado colombiano a mejorar la coordinación entre ministerios y gobiernos locales para garantizar políticas de seguridad efectivas. De no tomarse medidas urgentes, el organismo advierte que las violaciones a los derechos humanos seguirán en aumento, poniendo en riesgo la estabilidad y la seguridad de miles de ciudadanos.