La declaración del estado de conmoción interior en el Catatumbo ha generado una fuerte reacción en sectores políticos. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha llevado el debate hasta la Corte Constitucional. En una carta dirigida al alto tribunal, solicitó la nulidad del decreto 062 de 2025, argumentando que el Gobierno no ha justificado adecuadamente la necesidad de esta medida excepcional.
Valencia cuestiona la falta de explicaciones sobre por qué las herramientas jurídicas ordinarias no son suficientes para atender la crisis en la región. Según la senadora, el decreto no demuestra de manera clara por qué el Ejecutivo necesita medidas extraordinarias para enfrentar la presencia de grupos armados, reducir cultivos ilícitos y proteger a la población civil.
Como antecedente, trajo a colación la decisión de la Corte Constitucional en 2008, cuando declaró inconstitucional un decreto de conmoción interior expedido por el expresidente Álvaro Uribe en medio de un paro judicial. Además, señaló que los recursos que el Gobierno busca obtener mediante esta declaratoria podrían tramitarse a través de un proyecto de ley con mensaje de urgencia, sin necesidad de recurrir a medidas excepcionales.
Para la senadora, esta situación pone en riesgo los principios constitucionales, ya que la Constitución de 1991 estableció límites a los estados de excepción para evitar abusos del poder. En su misiva, subrayó que el país pasó décadas bajo un permanente estado de sitio y que no se debe permitir un retroceso en este sentido.
“Esta falencia, debe señalarse, comporta una gravedad superior dentro del ordenamiento constitucional, máxime cuando uno de los cambios más notorios que realizó el constituyente de 1991 fue limitar el alcance de los estados de excepción para no repetir lo ocurrido durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, donde el país vivió en un permanente estado de sitio”, señaló la senadora
Petro responde a los cuestionamientos de la senadora
El presidente Gustavo Petro reaccionó ante la petición de Valencia, indicando que la declaratoria de conmoción interior es crucial para la seguridad en la zona fronteriza con Venezuela. Según el mandatario, sin estas medidas excepcionales, el país podría perder el control de la frontera. Aseguró que el problema no es un simple acto de administración pública, sino una cuestión de soberanía nacional.
El Gobierno defiende la declaratoria alegando que el Catatumbo se ha convertido en un corredor estratégico para estructuras criminales, facilitando el secuestro, el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. La medida tendría una duración de 90 días y aplicaría en múltiples municipios del Norte de Santander, incluyendo Ocaña, Tibú, El Tarra, Sardinata y la zona metropolitana de Cúcuta, así como en territorios indígenas.
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El debate ahora queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar si la declaratoria de conmoción interior cumple con los requisitos constitucionales o si, como argumenta Paloma Valencia, se trata de un abuso de las facultades extraordinarias del Gobierno
