El Senado de la República dio un primer paso en el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas en Colombia. Este martes 4 de marzo, la Comisión Primera aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca actualizar las disposiciones legales frente a este delito, con énfasis en su manifestación en entornos digitales y con un enfoque de derechos humanos.
La iniciativa, impulsada por la senadora Sonia Bernal y las representantes Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza, contó con la ponencia del senador Carlos Fernando Motoa. Durante su intervención, Motoa resaltó la gravedad del problema, señalando que en la última década se han reportado más de 1.300 casos en el país. Además, mencionó el preocupante incremento del 64% en los registros entre 2022 y 2023, cuando los casos pasaron de 161 a 264, según datos del Ministerio del Interior.
La trata de personas: un delito en crecimiento
El senador enfatizó que la trata de personas es la tercera actividad criminal más lucrativa a nivel mundial, solo superada por el narcotráfico y el tráfico de armas. En América Latina, y especialmente en Colombia, el problema es aún más complejo debido a la vulnerabilidad de ciertos grupos, principalmente mujeres. Según el Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas de la Fundación PARES, en 2022 el 82% de las víctimas fueron mujeres, y en el 73% de los casos, el delito tuvo como finalidad la explotación sexual.
Ante esta realidad, el proyecto de ley propone varias modificaciones normativas con el objetivo de fortalecer la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas, ampliar su marco de acción y garantizar una mayor protección a las víctimas. Entre los cambios contemplados se encuentra la modificación del artículo 188A del Código Penal para incluir la exposición en entornos digitales como una forma de explotación dentro de este delito. Esto permitiría un mayor alcance en la persecución y judicialización de los responsables.
Medidas clave del proyecto de ley
Uno de los puntos centrales de la propuesta es garantizar la participación de la comunidad y organizaciones en la formulación de estrategias contra la trata de personas. También se busca que la Estrategia Nacional contra este crimen sea actualizada cada cuatro años para ajustarse a las dinámicas cambiantes del delito.
Otra de las medidas es la creación de una Campaña Nacional de Prevención coordinada por el Ministerio del Interior, la cual tiene como propósito sensibilizar a la población y generar herramientas de prevención. Adicionalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tendrá la obligación de hacer seguimiento a los casos en los que niños, niñas y adolescentes sean víctimas o sobrevivientes de trata de personas, informando periódicamente su estado ante el Centro Operativo Anti-Trata (COAT).
El senador Motoa destacó que la propuesta tiene el respaldo del Ministerio del Interior y de Política Criminal, lo que demuestra su relevancia y viabilidad. Según sus declaraciones, actualizar la normativa permitirá no solo una mejor identificación de los riesgos en el mundo digital, sino también una respuesta más efectiva por parte de las autoridades.
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Con este primer avance en el Congreso, el proyecto de ley continuará su trámite legislativo con el objetivo de convertirse en una herramienta efectiva para combatir una de las formas más graves de crimen organizado en Colombia
