Desde el Gobierno Nacional confirman la asignación de $ 100 mil millones de pesos para fortalecer la atención y protección de niñas, niños y adolescentes en el Catatumbo, como parte de las medidas contempladas en el “Pacto Social por el Catatumbo“, que tiene por objetivo la transformación integral de la región y la construcción de paz territorial.
Astrid Cáceres, Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), celebró la decisión que permitirá la inyección de recursos y el fortalecimiento de acciones que garanticen los derechos de la infancia en las regiones más afectadas por la violencia armada.
“Celebramos la firma del pacto Catatumbo, también celebramos la firma del decreto que nos permite dar viabilidad al plan de estabilización emocional y afectiva de las familias”.
El Gobierno Nacional, junto a su gabinete de ministros, anunció esta iniciativa el pasado jueves 6 de marzo en Tibú, como parte del Plan de Contingencia para atender la crisis humanitaria en Norte de Santander. Durante el encuentro, también se presentaron otras estrategias para enfrentar la emergencia en la región. Los recursos económicos destinados a la infancia y adolescencia del Catatumbo provienen de lo recaudado a través del decreto de emergencia firmado en esa misma reunión.
Lea también: Secuestran a 29 policías y un coronel en El Plateado, Cauca
Los niños, niñas y adolescentes corren un gran riesgo en el Catatumbo.
A mediados de febrero, cuando la crisis en el Catatumbo apenas iniciaba, la Organización Save the Children reportó que más de 46.500 niños, niñas y adolescentes se habían quedado sin acceso a la educación por cuenta del aumento de la violencia armada y el cierre de 710 escuelas en 10 distritos de esa región.
Al respecto, la directora de Save the Children Colombia, María Mercedes Liévano, aseguró que “La violencia en Colombia es terrible, con desplazamientos forzados, niños, niñas y adolescentes sin escolarizar, víctimas de violencia sexual, miedo al secuestro y familias destrozadas. La niñez y adolescencia está pagando el precio más alto en esta última escalada. Están siendo asesinados, violentados, reclutados y desplazados”.
En ese sentido, los recursos destinados por el Estado representan un alivio para una problemática que parece haberse salido de control. En todo caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) será el encargado de administrar estos fondos para brindar protección y apoyo a las familias de los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata. Además, los recursos también beneficiarán a las localidades del área metropolitana de Cúcuta, como Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y la capital del departamento, así como a los municipios de Río de Oro y González, en el sur del Cesar.
Finalmente, la directora del ICBF sostuvo que “En el Catatumbo hay una conmoción interior porque a los colombianos nos debe doler cualquier rompimiento que tenga el territorio en términos de guerra, la paz tiene que ser para el Catatumbo”.
Por el momento, a causa de la guerra que se vive en la región se han presentado 55.103 víctimas de desplazamiento; 23.940 personas víctimas de confinamiento; y 2.142 personas ubicadas en un alojamiento temporal.
