Un juzgado penal de Bogotá condenó a ocho médicos a siete años de prisión por falsificar documentos para convalidar títulos en cirugía plástica obtenidos en Brasil.
Los condenados en primera instancia, Marco Antonio Vergara, Giovanny Cortés, Rubén Darío Arciniegas, Gerardo Rojas, Alfredo Rodríguez, Juan Fernando Abadía, Diego Ortiz y María Mónica Martínez, ejercían como cirujanos plásticos en clínicas de Medellín y Cali.
Según la investigación realizada por la Fiscalía, los acusados convalidaron ante el Ministerio de Educación títulos que obtuvieron en São Paulo y Río de Janeiro (Brasil) de manera fraudulenta. Cabe señalar que los documentos presentados ante el Ministerio tenían sellos auténticos, no obstante, al momento de comparar las horas registradas como “horas académicas y prácticas” (7.336 horas), no coincidían con los registros migratorios en donde se especificaba que médicos estuvieron en Brasil entre 25 y 30 días.
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Cirujanos plásticos acusados ahora piden protección del CIDH.
Tras conocerse el fallo condenatorio, el abogado de la parte demandada, Juan Camilo Sanclemente, radicó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el argumento de que el proceso penal vulneró los derechos al debido proceso de sus defendidos, así como las garantías judiciales y la presunción de inocencia.
Según Sanclemente, no hay duda de que los títulos fueron homologados legalmente, por lo que sostiene que existen “oscuros intereses” detrás del caso. Con base en esto, los médicos también han solicitado que la instancia interamericana revise el caso.
“La petición, que apunta directamente a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, subraya que los acusados han sido sometidos a un proceso penal sin pruebas suficientes, vulnerando su derecho al debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia. La defensa sostiene que tras este proceso hay oscuros intereses que buscan afectar la reputación de los médicos”, señaló la firma del abogado a través de un comunicado de prensa.
A lo que, el Juez que lleva el caso respondió:
“Se encuentra demostrado, que los procesados, actuaron con el ánimo de cometer los ilícitos enrostrados, porque ciertamente sabían que la documentación que presentaron ante el Ministerio de Educación Nacional para la convalidación del Curso de Posgrado Lato Sensu en Cirugía Plástica y Estética, provenía de universidades y hospitales brasileños, pero contenían información falsa frente a las horas cursadas, las cuales se indicó fueron realizadas de manera presencial, pese a que los registros migratorios indicaban una situación completamente diferente a la certificada en esos documentos”.
