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Empresarios advierten pérdidas de $1.700 millones por paro de arroceros

El paro de arroceros surge por la exigencia de precios justos, ya que el gremio denuncia que producir arroz cuesta más de lo que les pagan.

El paro de arroceros, que ya completa siete días, sigue generando un impacto significativo en la economía del país, según informó recientemente la Federación de Empresarios del Transporte de Carga.

El gremio señaló que hasta el momento, los bloqueos realizados en medio de la protesta han impedido la movilización de aproximadamente 230.000 toneladas de mercancía, afectando a 13 corredores viales en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la Federación, esto ha impedido el tránsito de cerca de 14.000 vehículos de carga. Lo que ha provocado pérdidas económicas de alrededor de 1.700 millones de pesos.

Una de las mayores preocupaciones es que la crisis podría afectar directamente a los consumidores. Debido a que los retrasos en el transporte de mercancías incrementan costos logísticos, lo que eventualmente podría reflejarse en el precio final de los productos. Además, las demoras generan pérdidas en los procesos de distribución, sumando más gastos a los transportadores y comerciantes.

Cabe recordar, que este paro se debe a la exigencia de los arroceros, quienes reclaman un precio justo para sus cosechas y han solicitado un acuerdo con el Gobierno.

La Federación advirtió que, a medida que avanza la protesta, más regiones se están sumando a la movilización, lo que agrava la situación. Por ello, insistieron en la necesidad de llegar a un acuerdo con el gremio de arroceros para levantar el paro en las vías y evitar un mayor impacto en la economía y la movilidad del país.

Asimismo, la entidad destacó que estos bloqueos están afectando corredores viales de primera categoría. Señalando que esto incrementa la problemática y dificulta aún más el transporte de bienes esenciales.

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Por otro lado, la Federación recordó que el artículo 353 del Código Penal tipifica la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público como delito. Por lo que hizo un llamado al Gobierno para que realice acuerdos con el sector.

“El permisivo abuso del derecho a la protesta social destruye la competitividad del país y afecta a toda la población colombiana”, expresó la entidad.

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