El presidente Gustavo Petro ha convocado una marcha para el próximo martes 18 de marzo en apoyo a la reforma laboral, luego de que la Comisión Séptima del Senado no aprobara el proyecto. La movilización ha sido respaldada por diversos sectores, incluyendo organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Sin embargo, recientemente se han revelado presuntos contratos millonarios entre estas organizaciones y el Gobierno Nacional. Esto ha generado cuestionamientos sobre si su apoyo a la reforma responde a un interés político legítimo o si existe un vínculo con beneficios económicos.
El CRIC confirmó su participación en la jornada de movilización. “El próximo martes 18 de marzo a las calles. Las comunidades indígenas del CRIC, alzamos la voz y convocamos a todos y todas”, manifestaron.
Por su parte, la ONIC también expresó su apoyo a la marcha, argumentando que es una forma de defender los derechos de los pueblos indígenas.
“Para garantizar la gobernabilidad de nuestros territorios y garantizar la vida misma de los Pueblos Indígenas. ¡Juntos por nuestros derechos y nuestra dignidad!”, señaló la organización.
Contratos con el Gobierno de Petro
En medio del respaldo de estas organizaciones a la marcha, el concejal de Bogotá Daniel Briceño hizo públicos presuntos contratos entre el CRIC y la ONIC con el Gobierno Nacional. Según el funcionario, estos acuerdos pondrían en duda si su apoyo a la reforma laboral responde a un interés específico.
“Van a salir a marchar porque tienen un interés político, pero sobre todo porque tienen un interés económico. Los impuestos que le llegan a estas organizaciones es lo que realmente financia ese querer cambiar el país”, afirmó Briceño.
De acuerdo con la información revelada, estas organizaciones habrían firmado 81 contratos con el Gobierno, relacionados con la realización de mingas, producción de contenidos TIC y fortalecimiento de saberes ancestrales, por un monto total de $314.169 millones.
Contratos en el sector educativo generan controversia
El veedor ciudadano Jairo Ladino también se pronunció sobre el tema y señaló que el CRIC habría recibido cerca de $142.000 millones por dos contratos con el Gobierno. Uno de estos acuerdos, firmado con el Ministerio de Educación el 13 de marzo de 2025, sería por $57.695 millones. El otro, por $85.165 millones, habría sido realizado con la Gobernación del Cauca para la administración de la atención educativa en comunidades indígenas durante 2025.
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Este último contrato ha sido particularmente cuestionado, ya que se ha denunciado que mientras el Ministerio de Educación habría destinado más recursos a estos acuerdos, la inversión en el ICETEX habría sido reducida. Además, se reveló que el monto destinado a estos convenios ha aumentado en comparación con el año anterior, pasando de $69.000 millones en 2024 a $85.000 millones en 2025.
“La CRIC tiene intereses económicos multimillonarios, los cuales están defendiendo. Las marchas no son gratis y su apoyo al gobierno Petro nos cuesta mucho dinero del erario público”, señaló Ladino.
