Las denuncias por acoso laboral y sexual dentro del Congreso de la República han vuelto a generar alarma, esta vez a través de una protesta anónima. En la mañana de este miércoles, aparecieron mensajes escritos con tinta rosada en los espejos de los baños de mujeres, evidenciando la frustración de quienes han intentado denunciar estos hechos sin obtener respuestas efectivas.
Frases como “Rompimos el silencio y nada pasó”, “Los que protegen a mi jefe, me acosan a mí” y “Aquí a los acosadores les renuevan el contrato” se convirtieron en el eco de una situación que persiste dentro del Legislativo. Bajo el hashtag #DenunciaInsegura, la protesta expone la inoperancia del protocolo establecido hace más de dos años para atender la violencia de género en este entorno.
Uno de los casos más recientes refuerza esta preocupación. Según informaciones conocidas, un fotógrafo del Congreso fue denunciado el año pasado por abuso contra una mujer. A pesar de la denuncia, su contrato fue renovado sin inconvenientes, lo que evidencia la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.
Un protocolo que no protege a las víctimas
En 2021, las mesas directivas del Senado y la Cámara, en conjunto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron un protocolo de atención para prevenir y abordar la violencia de género dentro del Congreso. Sin embargo, según las denunciantes, su aplicación ha sido deficiente. Datos oficiales revelan que hasta julio de 2023 se registraron nueve denuncias (siete de mujeres y dos de hombres) y en lo que va de 2024 solo se ha reportado un caso.
El comunicado emitido por las denunciantes señala que el protocolo, en la práctica, se ha convertido en “una medida simbólica sin mecanismos reales de protección”. Testimonios aseguran que las víctimas enfrentan presiones psicológicas que las obligan a renunciar a sus cargos, mientras que los presuntos agresores continúan en sus puestos sin mayores consecuencias.
Las denunciantes también advierten sobre fallas estructurales en el sistema de atención. La ausencia de un organismo autónomo para investigar y sancionar estos hechos, la falta de medidas efectivas para hacer cumplir las decisiones judiciales y la carencia de capacitaciones obligatorias sobre violencia de género son algunas de las deficiencias identificadas. Además, no existen herramientas claras para evaluar la reincidencia de casos ni un seguimiento adecuado a las víctimas.
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¿Un ambiente hostil para las mujeres en la política?
La situación ha generado una reflexión más amplia sobre el papel de la mujer dentro del Congreso. Según las denunciantes, “este sigue siendo un espacio profundamente patriarcal donde el poder protege a los agresores”. La falta de garantías para quienes denuncian y la impunidad de los responsables refuerzan la idea de que el entorno político sigue siendo hostil para las mujeres, no solo para las que aspiran a cargos de elección popular, sino también para quienes trabajan en el Legislativo.
A medida que la protesta anónima cobra relevancia, la discusión sobre la efectividad de los mecanismos de protección dentro del Congreso vuelve a estar en el centro del debate.
