En lo que va del año, Colombia enfrenta una preocupante ola de violencia contra las mujeres, pues según el informe de “Vivas Nos Queremos”, se han registrado 126 feminicidios en el país hasta febrero. Esta cifra representa un aumento de seis casos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Detrás de estos números hay vidas arrebatadas, familias destrozadas y una sociedad que exige justicia.
El Observatorio de Feminicidios en Colombia, liderado por Republicanas Populares, se ha convertido en una herramienta clave para visibilizar y analizar este flagelo. Desde 2017, han denunciado la falta de cifras actualizadas y el escaso seguimiento a la violencia feminicida. Su labor permite no solo evidenciar la magnitud del problema, sino también generar estrategias de acción colectiva para erradicar esta violencia.
Además, las activistas destacan que la violencia feminicida no puede analizarse de forma aislada, puesto que los factores como la militarización, el modelo económico neoliberal y las desigualdades históricas de género, raza y clase juegan un papel fundamental. Estos elementos perpetúan las condiciones de vulnerabilidad de muchas mujeres, ubicándolas en situaciones precarias tanto en el hogar como en el trabajo.
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Las cifras de la tragedia
El Observatorio Colombiano de Feminicidios registró 45 feminicidios en enero y 81 en febrero de 2025. Además de los 126 feminicidios, se contabilizaron 39 intentos de feminicidio en el mismo periodo. Estos datos evidencian una escalada alarmante de violencia contra las mujeres en el país. También se evidencio que el Valle del Cauca ocupa el séptimo puesto entre los departamentos más afectados, siendo Antioquia el que se posiciona en la lista, seguido de Bogotá y Atlántico.
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos exigen medidas concretas para frenar esta crisis. La impunidad sigue siendo un obstáculo para la justicia, y muchas de estas muertes quedan en el olvido sin una investigación adecuada. La exigencia es clara, se necesita un estado comprometido con la protección de las mujeres, con políticas públicas que ataquen las causas estructurales de la violencia feminicida.
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Es fundamental que el gobierno nacional, las autoridades locales y la sociedad en su conjunto trabajen en conjunto. Prevenir la violencia contra las mujeres no es solo una cuestión de seguridad, sino de justicia social y derechos humanos. Solo así se podrá garantizar que ninguna otra mujer sea víctima de feminicidio en Colombia.
