El año 2024 terminó con una alarmante cifra, de más de 800 bloqueos en las principales vías nacionales, lo que generó pérdidas millonarias para la economía de Colombia. Este panorama fue expuesto por Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, en el Foro de Seguridad de EL TIEMPO, un espacio donde se discutieron las consecuencias de la violencia no letal y el crimen organizado en el país.
Hernández señaló que las zonas más afectadas por el crimen organizado son Cauca, Antioquía, Chocó, Norte de Santander y Córdoba. Según la presidenta de Colfecar, los bloqueos, en su mayoría perpetrados por estos grupos, causaron pérdidas superiores a los 4 billones de pesos en 2024. Estos bloqueos, que dificultan la circulación de bienes y servicios, no solo perjudican el comercio, sino también generan un impacto en la logística y el empleo en diversas regiones del país.
Además, Daniel Mejía Londoño, economista y académico, aportó una visión sobre cómo la violencia no solo se manifiesta a través de homicidios, sino también mediante hostigamientos, paros armados y confinamientos. Este tipo de violencia, a menudo invisibilizada, afecta la estructura económica del país. Según Mejía, las dinámicas de los grupos criminales, que buscan controlar territorios y poblaciones, están modificando la gobernanza y aumentando los costos sociales y económicos.
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Por otro lado, el experto en seguridad Hugo Acero destacó el caso de ciudades del Caribe colombiano como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que han visto un aumento en los niveles de homicidios debido a la violencia organizada. Estas ciudades, que históricamente se caracterizaron por su tranquilidad, se han transformado en centros de conflicto.
Corrupción y resiliencia del crimen
Además, el brigadier general (r) Juan Carlos Buitrago Arias, coordinador del Centro de Estrategia y Prospectiva de la Universidad Militar Nueva Granada, resalto que la corrupción es un factor clave que permite la proliferación de la criminalidad. “La criminalidad no podría subsistir sin un ambiente de corrupción”, afirmó Buitrago, quien también destacó la capacidad de adaptación de las estructuras criminales como un desafío adicional para las autoridades.
Para contrarrestar estos efectos, los expertos coinciden en que se necesita un enfoque integral. Mejía sugirió un fortalecimiento de la política criminal, con mayor inversión en investigación y operaciones de las fuerzas de seguridad. Por su parte, Hernández enfatizó la importancia de una reforma al sistema judicial, para que las víctimas sean priorizadas sobre los victimarios.
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El crimen organizado no solo es una amenaza para la paz y la seguridad, sino que también está minando las bases económicas de Colombia. Las soluciones requieren voluntad política, recursos para la investigación criminal y una transformación profunda en la manera en que el país enfrenta este fenómeno.
