Durante más de dos décadas de despojo, madre cabeza de hogar recupera su tierra en el Meta. La mujer, analfabeta y responsable única de su familia, vivió 23 años con la esperanza de hacer justicia. En el año 2002, hombres armados de las disidencias de las FARC llegaron a su finca, ubicada en la vereda Manzanares del municipio de Acacías, Meta, y le ordenaron a ella y a su hijo abandonar el predio por supuestos enfrentamientos inminentes con el Ejército y los paramilitares.
Desesperados, madre e hijo huyeron sin mirar atrás. Dejaron su hogar, sus animales, los cultivos y los recuerdos de toda una vida en la tierra que el conflicto les arrebató. Su travesía los llevó a Villavicencio, donde sobrevivieron entre la incertidumbre y el desarraigo, esperando que algún día pudieran volver a reclamar lo que con tanto esfuerzo construyeron.
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La historia de la madre que pierde y recupera su tierra
La finca La Esperanza tenía profundas raíces familiares. Pablo Emilio Apolinar Camelo, padre de la mujer, compró el terreno en 1978 y, en 1983, el Incora formalizó su adjudicación. La propiedad, de siete hectáreas, albergaba cultivos de plátano, café, yuca y pasto, además de animales de granja que aseguraban el sustento diario de la familia. Allí vivían en una casa sencilla de madera, con techo de zinc y piso de tierra.
Cuando el padre murió en 1991, la mujer tomó las riendas de la finca con determinación. Mantenía el lugar vendiendo yuca en Guayabetal y su hijo colaboraba trabajando en fincas vecinas. Aunque vivían con limitaciones, su vida era digna y estable, hasta que la violencia forzó su desplazamiento, truncando sus sueños y la conexión vital con la tierra.
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El retorno a la justicia
En 2011, con la implementación de la Ley 1448, la mujer encontró una ruta legal para recuperar lo que perdió. La norma reconoce los derechos de las víctimas del conflicto armado, y con el acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), inició un proceso judicial para exigir la restitución de su predio.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio atendió su caso. Tras escuchar su historia, el juez Luis Alejandro Barreto Moreno falló a su favor y ordenó compensarla con un predio de condiciones similares. Esta decisión, que cierra un capítulo de sufrimiento, representa un paso firme hacia la reparación real.
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El fallo y la recuperación integral
El juez explicó que, más allá del despojo, el caso evidenciaba profundas desigualdades sociales. La mujer no sabía leer ni escribir, y eso le dificultó responder preguntas durante las audiencias judiciales. Sin embargo, el juez aplicó un enfoque diferencial que le permitió interpretar su situación desde una perspectiva de género y justicia social.
Gracias a esta visión, la sentencia no solo reconoce el derecho a la tierra, sino que busca derribar barreras históricas de acceso a la justicia. Se tuvo en cuenta que las condiciones de pobreza y exclusión limitan la posibilidad de muchas víctimas para reclamar sus derechos de manera efectiva.
El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto Lara, celebró el fallo como un acto de reparación integral. Aseguró que no se trata solo de devolver tierras, sino de ofrecer oportunidades para que esta mujer y su familia reconstruyan su proyecto de vida con respaldo del Estado. La madre ahora podrá acceder a programas institucionales de apoyo psicosocial, desarrollo productivo y acompañamiento técnico. Así, retorno a la tierra no será solo simbólico, sino también sostenible y transformador, como una nueva oportunidad para sembrar esperanza donde antes hubo dolor.
