La Defensoría del Pueblo de Colombia ha actualizado la cifra de menores reclutados en 2024, revelando alarmantemente un total de 533 casos. Este seguimiento exhaustivo, realizado en las 42 oficinas regionales del país, refleja la grave situación de la violencia armada y la explotación de menores en el territorio nacional. La cifra pone de manifiesto el impacto de los grupos armados ilegales en la vida de niños y adolescentes colombianos.
Hay que tener en cuenta que, el informe destaca que el departamento de Cauca es el más afectado por este flagelo, con 359 casos registrados de menores reclutados en Colombia. Esta región ha sido históricamente un escenario de confrontación entre grupos armados ilegales y el Estado, lo que facilita el reclutamiento forzado de menores. Le siguen Antioquia, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, con 25, 25, 21 y 21 casos, respectivamente.
Grupos Armados Responsables del Reclutamiento
Según la Defensoría, los grupos armados ilegales continúan siendo los principales responsables del reclutamiento de menores. El Estado Mayor Central lidera con 202 casos, seguido por las disidencias de las FARC, que suman 180, y otros grupos no especificados que han reclutado a 93 menores. Además, el ELN reporta 16 casos, la Segunda Marquetalia 15 y el Clan del Golfo 14.
Además, este informe de la Defensoría también muestra una alarmante tendencia en 2025. Entre enero y marzo de este año, ya se han registrado 13 casos de reclutamiento de menores. Aunque la cifra aún es baja en comparación con 2024, la tendencia preocupa, ya que indica que este fenómeno no ha cesado y sigue afectando a niños y adolescentes en diversas regiones del país.
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Ante la creciente situación en el país, la Defensoría del Pueblo hace un urgente llamado al Estado colombiano para que fortalezca los entornos protectores en las comunidades y escuelas, con el fin de prevenir este tipo de violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Además, resalta la necesidad de crear canales de denuncia más seguros y efectivos que permitan a las víctimas reportar sin riesgo, garantizando la investigación y judicialización de los responsables.
