Las víctimas de biopolímeros en Colombia contarán con atención garantizada dentro del Plan de Beneficios en Salud, según confirmó el senador Carlos Fernando Motoa, quien ha liderado el seguimiento a la implementación de la Ley 2316 de 2023. La normativa, que responde al incremento de casos de personas en su mayoría mujeres afectadas por sustancias ilegales o adulteradas usadas en procedimientos estéticos, ya comienza a mostrar resultados concretos.
Le puede interesar: Clases en Colombia podrían comenzar después de las 7:00 a.m
Tras una respuesta oficial del Ministerio de Salud, se confirmó que los procedimientos relacionados con el diagnóstico, retiro y rehabilitación por biopolímeros están clasificados bajo la categoría CUPS 8610, lo que permite su cobertura médica. Además, se han activado cinco medidas clave: una lista oficial de sustancias modelantes autorizadas por el Invima; un sistema de trazabilidad para el control de ventas, reglamentado mediante el Decreto 545 de 2024. También; la publicación de listados oficiales de profesionales e instituciones habilitados para realizar estos procedimientos; y canales de denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la SuperSalud para reportar casos de publicidad engañosa o malas prácticas.
En 2024 Fiscalía inició 120 investigaciones por casos de biopolímeros
“Ahora hay herramientas claras para vigilar, atender a las víctimas y sancionar a los responsables”, aseguró el senador Motoa, destacando también la creación de un nuevo tipo penal en el Código Penal colombiano (artículo 116B) que castiga la aplicación ilegal de estas sustancias.
En lo corrido de 2024, la Fiscalía ha iniciado más de 120 investigaciones por casos relacionados con el uso de biopolímeros en establecimientos no autorizados. La ley, según Motoa, no solo busca reparar el daño a las víctimas, sino también prevenir nuevos casos al atacar el mercado ilegal.
Entre tanto, el Ministerio de Salud deberá presentar en junio un informe oficial sobre el impacto de estas medidas y la reducción de casos a nivel nacional. Mientras tanto, se hace un llamado a la ciudadanía: antes de someterse a un procedimiento estético, es fundamental verificar que la sustancia esté autorizada por el Invima y que el profesional cuente con certificación vigente. En caso de ser víctima, se puede acceder a tratamiento gratuito y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.
