En un acto simbólico frente a la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional sancionó dos nuevas normativas que marcan un hito en la protección de los animales en Colombia: la Ley Ángel y la Ley Lorenzo. Estas leyes, respaldadas por congresistas y activistas, buscan una justicia más eficaz para los animales víctimas de violencia y una transformación en el uso de animales en labores de vigilancia.
La Ley Ángel honra la memoria de un perro brutalmente atacado en 2021 en Boyacá, cuyo caso conmovió al país. Aunque sobrevivió inicialmente, murió este año a causa de las secuelas de la agresión. Esta ley, impulsada por la senadora Andrea Padilla, fortalece los mecanismos judiciales y sancionatorios frente al maltrato animal, y promete una respuesta más ágil ante las denuncias, incluso en casos considerados “leves”.
Padilla afirmó que esta legislación responde al clamor ciudadano por justicia y protección hacia los animales. “La sociedad está cansada de la impunidad frente a los abusos cometidos contra seres sintientes. Esta ley nos da las herramientas para castigar de forma ejemplar a quienes los maltratan”, enfatizó.
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Ley Lorenzo: adiós al uso de perros en vigilancia
La Ley Lorenzo, por su parte, aborda una problemática poco visibilizada: el uso de más de 6.000 perros en tareas de vigilancia y seguridad. Esta legislación promueve la sustitución progresiva de estos animales por tecnología especializada, con el fin de evitar su explotación y sufrimiento en contextos laborales de alto riesgo.
Con esta iniciativa, el Congreso responde a años de denuncias sobre el trato inadecuado a estos perros y abre camino hacia una seguridad más ética y moderna. “Queremos que ningún animal sea obligado a cumplir tareas para las que existen soluciones tecnológicas”, expresó el representante Juan Carlos Wills, coautor del proyecto.
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Una ruta clara para denunciar y castigar el maltrato
Las nuevas leyes establecen la creación de una Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal, que promete agilizar los procesos de denuncia y sanción. Esta ruta contempla desde la recepción de los casos hasta el seguimiento de las penas, e incluye cursos de bienestar animal que podrían reducir multas para infractores primerizos.
El representante Duvalier Sánchez precisó que los castigos incluirán hasta 56 meses de prisión para quienes asesinen a un animal, y 42 meses para quienes causen heridas graves. “El maltrato animal dejará de ser un delito menor. Ahora tendrá consecuencias reales”, afirmó.
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Voces ciudadanas celebran el avance legal
Miriam Nieto, reconocida rescatista y directora de la fundación “Mi Mejor Amigo” en Boyacá, fue una de las protagonistas del acto simbólico de sanción de las leyes. Nieto, quien cuidó a Ángel tras el ataque de 2021, afirmó que la ley honra su memoria y marca un nuevo rumbo en defensa animal. “Ángel sobrevivió a una de las agresiones más atroces que se hayan conocido en el país, pero murió sin ver justicia”, expresó.
Contó que su fundación alberga a cientos de animales que han sido víctimas de violencia, abandono o negligencia, y denunció que aún enfrentan múltiples barreras. “Estamos haciendo con las uñas lo que los municipios y los gobiernos deberían hacer por obligación”, dijo Nieto.
La participación de activistas, así como la presencia de congresistas que han liderado estas iniciativas, reflejó el creciente respaldo social a estas causas. La jornada sobre la Ley Ángel y Lorenzo en Colombia concluyó entre aplausos, compromisos públicos y la promesa de un seguimiento constante para que estas leyes no queden en el papel.
